“Sumarnos a la petición hecha por el presidente de la República Nayib Armando Bukele, solicitando ayuda de colaboración internacional para esclarecer el lamentable suceso, sin embargo, consideramos pertinente solicitar la cooperación del gobierno de los Estados Unidos de América y acompañar a las instituciones salvadoreñas y a los afectados para esclarecer el caso de nuestra cooperativa, ya que hay ciudadanos norteamericanos afectados por esta estafa e intervención de nuestros ahorros”, indica el comunicado de prensa de la directiva.
Antes, los afectados mostraron condolencias por las víctimas que, según ellos, “pudo haberse evitado si las autoridades salvadoreñas manejaran con transparencia” el caso COSAVI.
También mostraron condolencias a los asociados de COSAVI profesora Blanca Reina Ortiz Herrera y el licenciado Juan José Ortiz, por el fallecimiento de su madre y abuela, respectivamente, Romelia Herrera viuda de Ortiz, fallecida el lunes 9 de septiembre de 2024.
Los socios de COSAVI se quejan de que no son informados sobre la situación financiera de su cooperativa ya que creen que a la cooperativa ingresan cerca de $3.8 millones mensuales de intereses y que en un año sumarían $48 millones, una cantidad superior "a la cantidad supuestamente desfalcada", según Ortiz, quien dice ha diseñado un modelo para que la cooperativa sea entregada a sus socios o bien la creación de un fideicomiso.
La directiva de los afectados pidió también agilizar la devolución de los fondos a los ahorrantes y aseveraron que no son los detenidos quienes “tienen retenidos” sus depósitos sino la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
“Los afectados nos preguntamos qué nivel de confianza podemos tener en una institución”, dijo Juan José Ortiz, respecto a la supuesta captura anunciada por la Fiscalía en Panamá del exgerente de COSAVI. “Yo invitaría al señor fiscal que le explique al mundo cómo el señor Coto estaba en Panamá y apareció libre en Honduras”, expresó, frente a las instalaciones de la SSF.
El 9 de mayo de 2024, la Fiscalía General de la República anunció que estaba procesando judicialmente a 32 personas, entre ellos 8 directivos de COSAVI por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, por un fraude de $35 millones.