Varias de las ocho empresas que se han presentado sus ofertas para desarrollar e implementar el sistema de voto electrónico desde el exterior en las elecciones de presidente del país y diputados de la Asamblea Legislativa a celebrarse en 2024, han sido cuestionadas en anteriores contrataciones o carecen de experiencia en este campo, de acuerdo a publicaciones y revisión de sus propias páginas web.

Una de ellas incluso ha sido sancionada por Estados Unidos por apoyar el fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela en 2020. Se trata de la empresa venezolana Ex–Cle Soluciones Biométricas C.A.,que le presta servicios de administración de voto electrónico al gobierno de Venezuela.

La empresa de origen argentino y con base en Venezuela, fue creada en 1998. Uno de sus clientes fue el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, comenzando a operar bajo el nombre de Ex–Cle C.A., que también ha proveído hardware y software electoral a instituciones alineadas al régimen de Nicolás Maduro.

Ex–Cle C.A. ayudó a comprar “miles de máquinas de votación” trasladadas a través de Irán, Mahan Air y Conviasa, también sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Acusaciones por fraude.

La empresa española Indra que también se postuló para el voto electrónico en El Salvador, tiene una larga historia en elecciones en América Latina aunque no parece tener mucha experiencia en esta modalidad.

El año pasado fue duramente cuestionada en Colombia por parte de los partidos opositores por las dudas sobre la seguridad del proceso en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en mayo de 2022 en el país sudamericano.

“He sido jefe de misiones de observación de la OEA, de IFES y de NDI en Estados Unidos. Por tanto, creo que conozco cómo y de qué forma se puede fraguar el fraude en Colombia. ¿Por qué comienzo a tocar el tema? A mí sí me llamó la atención que, en la agenda, diría que casi secreta, de Gustavo Petro en España una de las reuniones tenía que ver con el presidente de Indra. Cuando vi eso, dije: ¿cómo así que un candidato presidencial se va a España a reunirse con quien es el garante o quien debe ser el garante del proceso electoral en Colombia?”, cuestionó entonces el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango.

Varias demandas judiciales contra las autoridades electorales colombianas y contra Indra fueron presentadas tras las elecciones del año pasado. Indra ha negado cualquier actuación irregular.

Antes, en 2020, también fue señalada por la campaña del expresidente estadounidense Donald Trump por supuestamente estar detrás de Dominion Voting Systems, el software de gestión de procesos electorales que se usó en varios estados del país durante las votaciones. Indra también negó haber participado en ese programa.

Tanto Indra como su asociada mexicana Minsait parecen tener poca experiencia en voto electrónico aunque sí en procesos de votación corporativos y sindicales.

¿Hackeados?

Dos de las empresas ofertantes, la argentina MSA y la estadounidense VOATZ han sido cuestionadas por su seguridad informática en casos de votación electrónica.

En el caso de MSA (Magic Software Argentina) tuvo serios cuestionamientos de hackeo electrónico en 2015 y 2019 en elecciones provinciales en Argentina.

En Argentina, los trabajos desarrollados por esta empresa abarcan consultas populares, presupuesto participativo, votaciones en premios nacionales, clubes, federaciones o instituciones, así como elecciones de autoridades de diversas provincias.

En Ecuador tuvieron participación en las elecciones internas del Movimiento “Alianza País” en Quito (del expresidente Rafael Correa) y en las elecciones seccionales de la Provincia de Azuay en el año 2014.

El mecanismo de impresión de tickets o papeletas de votación utilizado por MSA es el único en el mundo basado en chips RFID, los cuales -según los expertos- son vulnerables a los hackeos.

En el caso de VOATZ, la empresa estadounidense sufrió serios cuestionamientos en su seguridad, presentados por empresas e instituciones que han auditado algunos de sus pocos procesos.
La empresa fue sujeta a investigaciones del FBI por hackeo de su Sistema en votaciones en Virginia Occidental y el gobernador de ese estado cesó su contrato en 2020.

Precisamente ese año, un informe de investigadores del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) identificó una serie de vulnerabilidades de alta gravedad en la arquitectura de Voatz, que Voatz negó con vehemencia y calificó la investigación de “defectuosa”, La empresa contrató entonces a una firma de auditoría de seguridad Trail of Bits, que confirmó los resultados de los investigadores del MIT, y se informaron otros 48 problemas técnicos (más 31 hallazgos del modelo de amenazas para un total de 79 hallazgos ), un tercio de los cuales fueron calificados como de “gravedad alta”.

En 2020 en Venezuela, fueron contratados por la oposición y hubo quejas de retrasos en la validación de las identidades de los votantes. Los usuarios de Voatz debían validar su identidad, y esperar a que la app arroje que son un elector válido, para que luego se emita la papeleta electrónica.