El reglamento especial de cánones exige a las juntas de agua solicitar autorización ante la ASA, inscripción en la ASA e instalar un sistema de medición de caudal, entre otros requisitos.
El artículo 4 exige que las juntas de agua presenten ante el Registro Nacional de los Recursos Hídricos su acta de constitución, personería jurídica, estatutos publicados en el Diario Oficial, asiento de inscripción en el Ministerio de Gobernación o alcaldía, entre otras.
“Son al menos 10 requisitos que no reconocen la realidad de las juntas... En las 2,500 juntas de agua que existen, no todas están legalizadas, ¿cómo se les apoya técnica, financiera, jurídicamente, para que se puedan legalizar?, cuando son las que brindan agua a las comunidades más pobres más vulnerables”, afirmó Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes).
Los miembros de la Alianza manifestaron que están de acuerdo con la legalización de las juntas pero que la “ASA debe hacer el proceso”.
Según Rodolfo Calles, de la Alianza, la autorización a una junta de agua o Asociaciones de Desarrollo Comunal (Adescos) depende de la voluntad política de una alcaldía o de “los trámites engorrosos” en Gobernación” si es una asociación.
“Debería ser la ASA la que estuviese facilitando todos los mecanismos para que las juntas de agua se legalicen y formalicen”, afirmó Calles.
Señaló una “gran desigualdad” entre las juntas de agua y el sector agroindustrial, que tendrán acceso “a más de 365,000 metros cúbicos al año” durante 15 años, mientras que las juntas de agua solo tendrán acceso al agua por plazos de 5 años. Según la Alianza, la exención anunciada por la ASA no está dirigida a los pequeños agricultores ya que estos cultivan en invierno y no lo hacen con riego.
Sostiene que quienes mayoritariamente usan el riego es la gran agroindustria.