Según los miembros de la Mesa, no ha habido una mejora de condiciones ambientales en estos tres años de gobierno, por el contrario, impulsan acciones de apertura a la industria extractiva, como la exploración y explotación de la minería metálica.
Por ejemplo, la aprobación de la Ley General para la Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas; la Ley de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado; y la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, relacionada a la propiedad de las aguas subterráneas, son mencionadas como retrocesos.
Omar Flores, representante de la mesa, alegó que es preocupante la resolución de la Sala de lo Constitucional, ya que emitió un fallo en el cual rechaza estudiar una demanda contra la concesión de aguas subterráneas alegando que las concesiones requieren aprobación “solo cuando se trate de aguas superficiales”.
“La jurisprudencia de este tribunal ha explicado que solo cuando se trata de aguas –superficiales o freáticas– alojadas en un bien de uso público, la concesión para su explotación debe ser acordada por la propia Asamblea Legislativa de manera singular y con determinados contenidos materiales”, dice la resolución de la Sala en la cual rechaza estudiar la demanda, en la cual denuncian que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) habría otorgado de forma encubierta la concesión de un bien propiedad del Estado para su explotación a favor de un particular. “Sostienen que la Asamblea Legislativa debe ser el órgano que autorice la concesión de agua subterránea, lo cual no ha acontecido en el presente caso”, indican.
“Cambia la caracterización que ya se venía planteando en la Constitución de la República y de la jurisprudencia constitucional sobre los bienes de dominio público, simple y sencillamente se conciben desde la constitución todo bien que se encuentre en el subsuelo es de dominio público”, enfatizó. Consideran que esto permite a la Asamblea realizar concesiones para la manipulación de las aguas subterráneas.
De igual forma, los miembros de la Mesa temen la reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, ya que el país forma parte del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, organización que busca la exploración minera.
En mayo del 2021, el actual Gobierno solicitó un diagnóstico al foro acerca del potencial del territorio para la minería no metálica. La Mesa observó esto preocupante y como parte de las demandas incita al gobierno a renunciar al foro.
Los ambientalistas anunciaron las demandas que poseen como Mesa al Gobierno.
Luis González, miembro de la organización, advierte que existen aspectos que no se han abordado frente a la ley, como el cierre técnico de minas, el resarcimiento ambiental y la reconversión económica de la minería artesanal. “Son aspectos que a pesar de estar en la ley, no ha habido capacidad gubernamental de operativizarlo”, comentó.
Indicó que el cierre de minas es primordial, ya que sigue existiendo el riesgo del drenaje ácido afectando a los ecosistemas y a la salud de la población. Una de las demandas es destinar recursos para el cierre de minas en abandono en los departamentos del oriente del país, San Miguel, Morazán y La Unión.
“Estamos trabajando en una propuesta de reglamento orientada a darle vida a esos elementos de la ley que son necesarios en nuestro territorio”, declaró.
De igual forma, demandan a la actual administración mantener una postura firme de rechazo frente a la industria de minería, negando a empresas extractivas la entrada al país, por su alta contaminación al agua.
Exigen una postura política definitiva ante la mina fronteriza “Cerro Blanco” ubicada en Jutiapa, Guatemala. La empresa minera canadiense Goldcorp a cargo de "Cerro Blanco", proyecta ser a corto plazo el proyecto de mayor extracción de oro y plata de Centroamérica. Las empresas extractivas son las que más explotan las aguas subterráneas, según comenta Edgardo Mira, miembro de la Mesa.