"Hoy tenemos un piso de protección legal más sólido para la salud reproductiva, que es muy bienvenido en medio de tensiones regresivas en la región y particularmente en El Salvador", declaró Ana Piquer, directora para las Américas de AI, en un comunicado.
El viernes el tribunal continental, con sede en San José, declaró responsable a El Salvador de violar los derechos "a la integridad personal, a la vida privada y la salud" de Beatriz, un seudónimo utilizado para proteger la identidad de la mujer, que entonces tenía 22 años.
Este fallo marca "un paso histórico", afirmó Piquer.
En El Salvador el aborto está prohibido bajo cualquier modalidad y se castiga con penas de cárcel de dos a ocho años, pero habitualmente es interpretado por la justicia como homicidio agravado, que conlleva penas de hasta 50 años de prisión.
Beatriz padecía lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune, y a las 12 semanas de embarazo su feto presentaba anencefalia, la ausencia de desarrollo del cerebro.
La mujer solicitó un aborto que la Corte Constitucional salvadoreña le negó. 81 días después comenzó el trabajo de parto y debió ser sometida a una cesárea de urgencia, a las 26 semanas de embarazo. El bebé murió cinco horas después. Beatriz falleció en un accidente de tránsito en 2017.
"Toda mujer y persona embarazada tiene derecho al aborto, más que nunca en casos como el de Beatriz, cuando su vida y salud están en riesgo", indicó Piquer.
Tras el fallo, el gobierno de El Salvador dijo que analizará "profundamente los alcances y recomendaciones" de la Corte en el marco de "la legislación nacional".