En un comunicado de prensa, la organización internacional pide a la CIDH solicitar una visita en El Salvador para “verificar la situación de las personas privadas de libertad y las condiciones carcelarias en el país”.
El objetivo de la visita in loco, según Amnistía, debe ser indagar sobre la “incomunicación prolongada, las denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, así como la posible “comisión de desapariciones forzadas” de los migrantes deportados de los Estados Unidos desde el pasado 15 de marzo.
La organización también le pidió al gobierno estadounidense "suspender inmediatamente todas las expulsiones hacia El Salvador de personas venezolanas u otras personas refugiadas o migrantes bajo el acuerdo bilateral" y garantizar "el acceso a los procesos de asilo y migración en Estados Unidos", así como evitar firmar acuerdos similares con otras naciones.
La entidad internacional declaró haber "documentado el proceso irregular y arbitrario en las que ocurrieron las expulsiones de algunas de las 261 personas enviadas a El Salvador". Citan el caso de Alejandro, que tenía una audiencia el 27 de marzo, pero que agentes del ICE le notificaron el 14 de marzo que sería deportado, pese a que no tenía antecedentes penales. "Tiene dos tatuajes, uno con el nombre de su madre y otro con el nombre de su padre y una corona", detalla el comunicado.
“Mi esposo estaba esperando una audiencia sobre su deportación que iba a ser el 24 de marzo. De repente me llama el 14 de marzo que está siendo deportado ya a Venezuela", citan a una mujer, esposa de un deportado venezolano.
Así mismo, Amnistía Internacional pidió a El Salvador derogar el régimen de excepción, eliminar la incomunicación en los centros de detención del país, publicar el paradero de las personas venezolanas detenidas en El Salvador e investigar las muertes de detenidos bajo custodia estatal, así como las denuncias de tortura y desapariciones durante el régimen de excepción.El gobierno de Estados Unidos inició una serie de deportaciones de venezolanos y salvadoreños señalados de ser miembros de las bandas criminales Tren de Aragua y MS-13, para que sean recluidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT). Desde el 15 de marzo, han deportado 288 personas.