La ley aplica a personas que hayan tramitado su jubilación y que aún estén laborando en cualquiera de los ministerios del Órgano Ejecutivo, instituciones descentralizadas no empresariales y autónomas, no aplicará a militares ni a empleados de instituciones financieras estatales o de los órganos Judicial o Legislativo.
El decreto estará vigente durante seis meses y los trabajadores podrán renunciar a sus cargos 30 días antes de la finalización de la vigencia. Las compensaciones se pagarán en dos cuotas.
Los diputados solo hicieron un cambio al artículo 5, para que las renuncias interpuestas por los trabajadores se basen en el artículo 30-A de la Ley del Servicio Civil y 36-A incisos 1, 2 y 3 de la Ley de la Carrera Docente. “Esta se tendrá por aceptada sin que medie aceptación expresa de cada institución o entidad”, indica el artículo 5 con el cambio propuesto por el diputado Christian Guevara, de Nuevas Ideas.
Autónomas: con sus propios recursos
El director general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Carlos Salazar, explicó que en las instituciones autónomas, “cada una deberá financiar con sus propios recursos el pago de las indemnizaciones correspondientes.Dado que las autónomas tienen sus propios procesos de retiro voluntario, el funcionario explicó que “deben hacer todo lo posible para compatibilizar con lo que ellos manejan, a manera de que los empleados se puedan retirar bajo las mismas condiciones que se estarían retirando el resto de personal de las demás instituciones”.
¿Cuánto y cómo?
Hacienda detalló que los fondos para las compensaciones provendrán de las mismas plazas suprimidas y que, si hace falta, el Ministerio de Hacienda “va a gestionar los fondos necesarios”.El director manifestó que “se ha hecho un estimado, en un inicio más de 5,000 personas estarían siendo beneficiadas de esta prestación económica”.
“Si no da la cobertura el total el monto de la compensación, el Ministerio de Hacienda también va a gestionar los fondos necesarios para poder pagar la compensación”, manifestó.
“No es obligatorio”
El diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional, enfatizó en que “no es un retiro obligatorio”.López Cardoza preguntó por la fuente de financiamiento de las compensaciones y por qué han excluido a otras instituciones como el Banco de Fomento Agropecuario (BFA).
“Hay bastante gente que bien le hubiera venido también un retiro voluntario, aún está trabajando por la misma necesidad que tiene la gente para trabajar, varias instituciones no están incluidas”, dijo.
El director de presupuesto insistió en que el Ministerio de Hacienda “hará las gestiones pertinentes” ya que “tiene la obligación de garantizar el pago de esta compensación económica”, si los fondos de las plazas suprimidas no alcanzan.
Luego, explicó que solo aplica a las instituciones que conforman el Sector Público No Financiero ya que el resto tienen sus propios procesos de retiro.