La ley establece multas de 1 a 10 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios por infracciones leves; de 11 a 25 salarios mínimos por infracciones graves; de 26 a 50 salarios mínimos ($18,250) por infracciones muy graves, si el infractor es persona jurídica.
También, si es persona natural, impone multas del 15 % de salario mínimo por infracciones leves, 20 % por infracciones graves y 25 % ($91.50) por infracciones muy graves.
Serán infracciones muy graves: no entregar información o datos estadísticos solicitados por el BCR si altera el sistema estadístico; entorpecer el censo, obstaculizar el ingreso o las visitas del BCR durante el levantamiento de censos, no atender la orden del BCR de suspender series estadísticas o generación de productos, entre otros.
La ley recibió 69 votos, incluidos 7 de Arena, 2 de Gana, 54 de Nuevas Ideas, 2 del PCN, 1 del PDC y 3 sin grupo. El partido Nuestro Tiempo se abstuvo, diputados de FMLN y Vamos no votaron.
Los ministerios, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Centro Nacional de Registros (CNR), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), alcaldías, pero también podrán participar, con obligaciones especiales definidas por el BCR, las universidades públicas y privadas, y asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que decida el mismo BCR.
Estas instituciones deberán cumplir con los métodos definidos por el BCR y divulgar datos solicitados por el BCR.
El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que la nueva normativa permitirá “a los salvadoreños tener estadísticas y censos actualizados 100 % digitales en tiempo real y totalmente eficientes”.
Soriano cuestionó sobre el nivel de efectividad que podía tener un censo del pasado cuando no se podía ingresar a las comunidades por las pandillas.
“Somos conscientes de que la información no era cien por ciento verídica. Hoy que hemos borrado a las pandillas del mapa hemos logrado en tres meses cubrir el cien por ciento del territorio, hemos georreferenciado 3.4 millones de estructuras físicas cuando el último censo nos permitía conocer que había solo 1.7 millones de estructuras físicas, casas, edificios”, afirmó, sobre el levantamiento de la información cartográfica que ha realizado el BCR. Según el diputado, El Salvador duplicó las estructuras o el censo anterior no era cierto.