Con 74 votos, incluso de Arena, FMLN y Nuestro Tiempo, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva “Ley especial para la regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional” y un nuevo delito que castiga con prisión la venta de lotes no legalizados.
“El que no les dé las escrituras, el que no les dé la compensación, lo vamos a meter preso”, dijo el diputado Ernesto Castro. La reforma penal recibió 76 votos.
La reforma al Código Penal crea el delito de comercialización irregular de parcelas o lotificaciones sin una situación jurídica regular, que será castigado con penas entre 8 y 12 años de prisión; y castiga con penas entre 3 y 4 años de prisión a los lotificadores que no acaten la orden de compensación.
La ley actual de lotificaciones ya prohíbe el desarrollo de lotificaciones sin aprobaciones legales en su artículo 4. La nueva indica obliga a los desarrolladores” a finalizar “la inscripción de los inmuebles a favor de los lotehabientes” y permite regularizar “parcialmente” lotificaciones si “las condiciones de riesgo impidan que sea de forma total”.
Con la reforma van a meter preso al lotificador, ¿pero quién asume la responsabilidad con la gente?, el problema va a seguir”.
Dina Argueta
Diputada del FMLN
¿Incertidumbre o seguridad?
Son más de 350,000 familias que por años han pagado sus lotes y que son afectadas porque las lotificadoras no les han extendido sus escrituras.La diputada del FMLN Dina Argueta señaló que la nueva ley no resuelve ya que deja en incertidumbre al lotehabiente. “No dice qué va a pasar con el lotehabiente que, después de 15 o 20 años de haber pagado su lote no tiene su escritura. El problema va a seguir porque meten preso al lotificador pero ¿quién asume responsabilidad con la gente?, queda en incertidumbre”, criticó. Para Ricardo Rivas, la ley dará “seguridad jurídica” a las familias afectadas. “En Quezaltepeque, una comunidad que se llama Primavera hay más de 500 familias que ya pagaron sus lotes con todo su esfuerzo y les venían engañando las lotificadoras... Hoy estas familias tendrán certeza jurídica”, aseguró.
Vamos a hacer justicia por ustedes. Ahora, el que no les dé las escrituras, ahora el que no les dé la compensación, lo vamos a meter preso”.
Ernesto Castro
Diputado de Nuevas Ideas
“No se les escuchó”.
Las Comunidades Organizadas de Fe en Acción (Cofoa) aseguran “no se les escuchó”.La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, pidió regresar el dictamen a la Comisión de Obras Públicas para abordar puntos no tomados en cuenta. “No se ha escuchado a los afectados y esto le resta oportunidad de resolver de forma eficaz la problemática”, argumentó. Su petición tuvo 12 votos.
La diputada Marcela Pineda, de Nuevas Ideas, respondió que no se podía hacer esperar a las familias. “¿O lo mantenemos como promesa para reenganchar la campaña en la próxima elección?”, dijo.
