La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, con 56 votos a favor, disposiciones especiales y transitorias que otorgan al Ministerio de Obras Públicas (MOP) las facultades legales para ejecutar, suscribir y administrar los actos y contratos del “Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador”, que incluye la construcción del bypass de Apopa.

Este proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento ya aprobadas por el Congreso. El primero fue aprobado el 9 de abril de 2024 por $150 millones, y el segundo, el 10 de julio del mismo año, por un monto adicional de $120 millones. Ambos créditos fueron otorgados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entidad del Banco Mundial.

Según el Ministerio de Hacienda, el segundo préstamo busca ampliar el alcance del puente atirantado, desarrollar obras complementarias y fortalecer la capacidad institucional del MOP para la ejecución del proyecto.

La normativa también faculta al MOP para realizar compensaciones y restituciones de bienes inmuebles, así como brindar soluciones habitacionales a las familias que resulten afectadas por las obras. “Como sabemos, la construcción de dichas obras, tanto viales como puentes, requiere derechos de vía. Esto significa que en algún momento se deberá compensar a familias que están dentro de las zonas donde se ejecutarán las obras”, explicó un funcionario durante la sesión legislativa.

Como parte del plan de reasentamiento, se estableció que las familias beneficiadas con un nuevo título de propiedad no podrán vender, transferir ni constituir gravámenes sobre sus viviendas durante los 20 años posteriores a la fecha de entrega de la escritura pública.

Además, los proyectos habitacionales vinculados a este reasentamiento fueron declarados de interés social. Por ello, los trámites para la inscripción de derechos de propiedad en estos casos estarán exentos del pago de derechos registrales y catastrales.