La normativa, que estará vigente por seis meses, prevalecerá sobre la Ley de Compras Públicas y será retroactiva cuando haya “efectos favorables al interesado”.
Las “Disposiciones especiales y transitorias para la adquisición, contratación y pago de las obras, bienes y servicios relacionados a proyectos de turismo por el periodo de seis meses” regulan las adjudicaciones de obras, bienes o servicio, en la construcción o adecuación de espacios para el turismo como “calles, puentes, obras de mitigación, escenarios deportivos y/o culturales entre otras obras de infraestructura”.
La modalidad preferente de adjudicación de estas obras de infraestructura será la adjudicación de personas naturales o jurídicas que “hayan demostrado capacidad, compromiso, celeridad” en “anteriores contrataciones” y determina que, para su adjudicación, solo “bastará con la comunicación y aceptación de los contratistas”.
El pago se realizará “una vez recibido a satisfacción lo adquirido por la Supervisión o por el designado por la institución contratante” antes (“previo a”) de la tramitación por el contratista ante la Unidad Financiera Institucional.
El decreto fue aprobado con dispensa de trámites en la sesión plenaria del miércoles 27 de septiembre con 60 votos, 53 de Nuevas Ideas, 4 de Gana, 1 del PDC y 2 sin grupo parlamentario. Nuestro Tiempo se abstuvo.
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que El Salvador está en la lista de destinos deseados por el turismo y que tienen que estar listos para el campeonato de Surf y el carnaval de San Miguel.
“Se vienen eventos de talla regional y mundial, se viene el carnaval de San Miguel, vayan a preguntar si hay disponibilidad hotelera, Airbnb está completamente lleno todo noviembre y como gobierno se está en la obligación de seguir apuntalando estas obras”, afirmó Guevara.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, no votó. Aseguró que aprobaron una “contratación por dedazo” y que en el artículo 8 “termina con la cereza del pastel” cuando indica que “la administración pública queda eximida de toda responsabilidad”. “an aprobado esta y otras leyes que han legalizado la corrupción, para legalizar sus chambonadas o sus vivianadas”, señaló.