El juzgado conservará su denominación y su competencia territorial. La Corte Suprema de Justicia deberá realizar de manera periódica estudios técnicos para establecer si las causas persisten o han desaparecido o disminuido considerablemente.
El decreto tendrá una vigencia de 12 meses.
De acuerdo al decreto, las medidas de fortalecimiento institucional pretenden también fomentar el acceso a los servicios de justicia “garantizando a la vez la seguridad física de los usuarios y del personal”. El 17 de octubre, un agente PPI fue asesinado cerca de ese juzgado.
