La decisión fue dada a conocer este viernes por el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), Carlos García Saade, quien explicó en el comunicado que se da en cumplimiento con la resolución del Tribunal de Primera Instancia pronunciada el 18 de abril de 2024.
Dicha resolución establece que cualquier señalamiento de corrupción contra un miembro del partido también compromete los intereses, integridad e imagen del mismo, lo que causa un grave perjuicio al instituto político, por lo que es motivo suficiente para la suspensión temporal de la persona señalada”.
Carlos García Saade, presidente del Coena.
El presidente del partido, Carlos García Saade, expresó en el comunicado que con estas acciones reiteran compromiso de instituto político con la transparencia. “Como presidente de Alianza Republicana Nacionalista reiteramos el compromiso con la transparencia y la integridad en la gestión pública, así como su determinación de actuar conforme a la ley y a los principios éticos que rigen nuestra organización. El orden y la transparencia para una renovación sana de nuestro partido es un pilar innegociable", enfatizó Saade.
La resolución del Tribunal ordenó que todo aquel que ostente cargo quedará suspendido en sus funciones partidarias y no podrá optar a ningún cargo de elección popular hasta haberse resuelto el proceso legal en su contra y, en caso de haber condena, su expulsión del partido será inmediata conforme lo establecido en al artículo 141 de los estatutos y reglamentos de Arena, explica el presidente del partido. Estas acciones, expresó, se dan en momentos en que el partido vive una etapa de “renovación”.
Los casos de Romero y d'Aubuisson
El diputado Alberto Romero y su familia es acusado por la actual Fiscalía General de la República por enriquecimiento Ilícito y lavado de dinero, por $1,162,388.05. La Asamblea lo desaforó, incluso con los votos de Arena, el 1 de septiembre de 2023. De acuerdo a la Fiscalía, Romero movilizó, hasta 2022, $401,835 de origen desconocido y abonó en cuentas bancarias $901,993.81, cuando recibió en concepto de remuneraciones al menos $500,158.81. Los movimientos financieros habrían sido entre el 1 de mayo de 2009 y 31 de diciembre de 2022. El 14 de agosto, en un juicio civil la Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro, de Cojutepeque, lo encontró culpable por enriquecimiento ilícito de $445,766.05, y lo inhabilitó por diez años a ejercer cargos públicos. Pero dio lugar a que fuera demandado penalmente por lavado de dinero. Sigue en prisión.El diputado Roberto d'Aubuisson y su familia enfrentaron una demanda civil interpuesta por la Fiscalía General de la República el 7 de noviembre de 2023 por enriquecimiento ilícito por $992,699.52. El escrito fue presentado ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla. El proceso está abierto.