La Asamblea Legislativa aprobará este martes dos pronunciamientos; uno que reconoce a las comunidades indígenas a raíz de la masacre de campesinos de 1932; y el segundo por la beatificación del sacerdote jesuita Rutilio Grande y el fray Cosme Spessotto, así como los laicos Nelson Lemus y Manuel Solórzano. Se comprometieron a "la no repetición de estos acontecimientos" y a la "reparación real a las víctimas del conflicto armado".

Hace una semana la bancada cian negó sus votos a la aprobación de dos pronunciamientos propuestos por el FMLN por las beatificaciones, aprobando únicamente la declaratoria de Aguilares capital por un día "en conmemoración" por las beatificaciones.

Pronunciamientos que emitirán hoy a iniciativa de Nuevas Ideas:
  1. Reconocimiento a pueblos indígenas y compromiso de la Asamblea a apoyar leyes que respalden sus derechos y el fomento cultural de tradiciones indígenas. Se comprometen a cumplir el artículo 63 del inciso segundo de la Constitución. El pronunciamiento indica que fuerzas militares del gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez exterminaron a 30,000 indígenas. No menciona investigación.
  2. Pronunciamiento por la beatificación del padre Rutilio Grande, Fray Cosme Spessotto, y los laicos Nelson y Manuel Solórzano. Se comprometen a “asegurar la no repetición de estos acontecimientos y la reparación real a las víctimas del conflicto armado”. Este lunes 24 de enero, representantes de pueblos indígenas de Nahuizalco pidieron a la Asamblea Legislativa crear una comisión especial que investigue la masacre de campesinos de 1932.

Por otra parte, los diputados Christian Guevara, Suecy Callejas, Rebeca Santos, Rodrigo Ayala, Samuel Martínez y Jorge Castro solicitaron el reconocimiento “a las verdaderas comunidades indígenas organizadas", luego de recibir una solicitud del Consejo Indígena de Nahuizalco, que también había solicitado una comisión especial para investigar la masacre de 1932.

El Consejo también solicitó al Órgano Legislativo la aprobación de una ley de derechos de los pueblos indígenas, se ratifique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se garantice derechos como el acceso al agua potable, un medio ambiente sano y apoyo para adultos mayores en la obtención de la canasta básica.

La masacre indígena y campesina de 1932 fue perpetrada por órdenes del general y brigadier Maximiliano Hernández Martínez (1935-1944). El 22 de enero de 1932, Hernández Martínez aplastó una insurrección indígena y campesina, y causó entre 25,000 y 32,000 muertos.