La Asamblea Legislativa aprobó el martes un decreto que exonera del pago de precio base y de la tasa anual nuevas concesiones que otorgará a empresas para explotar el espacio radioeléctrico de comunicaciones satelitales.

Esta exoneración, según el decreto aprobado, se daría solo cuando la empresa pretenda brindar servicio de acceso a internet a la población en general o en zonas rurales, y no para acceso privado del operador o servicio empresarial.

La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) deberá recibir un reporte anual de la cantidad mensual de usuarios de internet entregado por el concesionario.

Siempre y cuando dicha concesión sea otorgada y utilizada por los concesionarios para brindar exclusivamente servicio de acceso a internet a la población en general, incluyendo las zonas rurales y de baja densidad poblacional que las redes terrestres no logran cubrir”.

Artículo 1 de la ley de exoneración para concesiones del espacio radioeléctrico.

El plazo de las concesiones será un máximo de 10 años y, cuando sea menor, podrá ser renovado sin someterse nuevamente al trámite.

La normativa aprobada, “Ley especial de exoneración de pago del precio base y tasa anual generada por la concesión para la explotación de frecuencias del espectro radioléctrico para comunicaciones satelitales”, fue aprobada por 65 votos de diputados con dispensa de trámites, es decir, sin estudio de la comisión respectiva.

Esta fue presentada de manera no pública el martes a las 10:25 de la mañana por el Ministerio de Economía.

En la votación se abstuvieron los diputados de FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo.

El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, dijo que "hay empresas grandes que no quieren hacer inversión en internet satelital en la zona rural".

“Dudoso”

El decreto genera dudas para la Red por el Derecho a la Comunicación (RedCo) sobre a quiénes serán entregados sin costo alguno porciones del espacio radioeléctrico.

La RedCo, conformada por asociaciones de medios de comunicación comunitarios, sugirió establecer en la normativa “posibles beneficiarios” de dicho reparto gratuito de un bien público limitado y escaso, como el espacio radioeléctrico.

Así mismo objeta la exoneración en plena crisis de las finanzas públicas, la falta de políticas para asegurar el acceso a internet y tecnologías, y la desigualdad económica del uso del espectro radioeléctrico que generará el decreto, entre los nuevos proveedores, y actuales proveedores de internet y empresas de radiodifusión sonora y televisiva.

Regalar espectro como política es insuficiente si no hay estrategias integrales la utopía digital que anuncia el gobierno es solo propaganda. ¿Por qué la ley no contempla la creación de un proveedor público de internet que brinde este servicio en forma gratuita?”.

RedCo.