El informe concluyó que “existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos” por las personas que recibieron los sobresueldos, mencionando los delitos de evasión de impuestos, defraudación al fisco, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
También indicó que esta práctica se realizó a través de "un fraude de ley" según la Comisión "a través de la legalización" de normas que no tenían rango de ley para disponer de fondos públicos.
Según el documento leído en la sesión plenaria de este lunes, “existió la figura sobresueldos en los gobiernos anteriores” denominados como “estipendios” o “bonificaciones”, en razones de los “bajos sueldos que tenían por los servicios profesionales que prestaban los servidores públicos”, pero lo calificó de “mecanismo corrupto” como “pago de beneficio en efectivo” sin realizar la retención respectiva por parte del Ministerio de Hacienda. Lo calificó de “mecanismo de compensación nefasto”.
“Quedan aceptadas las recomendaciones de la comisión especial... Se procederá a comunicarlo a la Fiscalía para el ejercicio de las acciones legales que les compete y también se da por finalizado por el cual fue creado esta Comisión especial”, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, luego de la aprobación. En la votación, hubo dos abstenciones y cero votos en contra.
Concluye eran "ilegales"
En el informe aprobado, la Comisión concluyó que los sobresueldos “no cumplían” con la ley, ya que “estos sobresueldos se hacían en forma clandestina” y “quien entregaba esos pagos advertía que” “no debía bancarizarse” ni “declararse ante el Ministerio de Hacienda”.La “actividad ilegal”, según el informe, fue iniciada durante el periodo del expresidente Alfredo Cristiani y “se trasladó a cada periodo presidencial” para "compra de voluntades e impunidad".
El informe, de acuerdo a la lectura realizada por el diputado William Soriano (Nuevas Ideas), indica que "las instituciones que programaron asignación presupuestaria para el específico de gastos 51104 Sobresueldos en el periodo 2009 al 2014 fueron las siguientes": años 2009, 2010 y 2011, Órgano Legislativo, los ramos de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Justicia y Seguridad Pública, Educación, Universidad de El Salvador (UES), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
De acuerdo a la lectura, en 2010 se agregó la UES y el ISSS; en 2011, se agregó la UES y el ISSS; de 2012 a 2014, el Órgano Legislativo, ramo de Relaciones Exteriores, ramo de Defensa Nacional, Ramo de Justicia y Seguridad Pública, ramo de Educación y UES, ISSS y Presidencia de la República; en 2013, se agregó el ISSS; y en 2014, el ISSS.
@AsambleaSV aprueba con 65 votos de @BancadaCyan y aliados, informe final de Comisión que investigó sobresueldos en gobiernos de @ARENAOFICIAL y @FMLNoficial. En la votación hubo dos abstenciones, Nuestro Tiempo y de la diputada Marcela Villatoro de Arena @Villabull @ElMundoSV pic.twitter.com/cI3sHtG1zp
— Jessica Guzmán (@Jessmonic) April 22, 2024
Citados y señalados
El informe realiza un relato de las entrevistas realizadas a personas vinculadas directa o indirectamente a entrega de sobresueldos que fueron citadas en la Comisión especial, como los expresidentes Alfredo Cristiani y Antonio Saca, y sus respectivos exsecretarios privados Arturo Tona y Élmer Charlaix, el exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt, en el periodo del expresidente Francisco Flores, y la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar.También, fueron citados el exsecretario Luis Mario Rodríguez, exmagistrado Agustín García Calderón, el diputado Rodrigo Ávila, Federico Hernández, Benjamín Cestoni, Darlyn Meza, Carlos Acevedo y los excomisionados de desarrollo Roberto Rubio y Salvador Samayoa, Eugenio Chicas, la exdiputada Yanci Urbina, y el actual fiscal general Rodolfo Delgado.
Además, cuenta que la Comisión pidió al jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los informes de las declaraciones patrimoniales y sus adendas corrrespondientes a Alfredo Cristiani, Arturo Tona, Antonio Saca, Élmer Charlaix, Carlos Quintanilla, Ana Vilma Albanez de Escobar, Herman Rosa Chávez, Darlyn Meza Lara, Luis Mario Rodríguez, Agustín García Calderón, Rodrigo Ávila Avilés, Ana Margarita Escobar, Federico Hernández Aguilar, Benjamín Cestoni, César Funes, José Alberto Herrera, Rolando Álvarenga, Carlos Acevedo, Roberto Rubio, Salvador Samayoa, Eugenio Chicas y Yanci Urbina.
"Irregularidades" en declaraciones patrimoniales según el informe
De acuerdo a la Asamblea, estos informes de Probidad "determinaron irregularidades en sus declaraciones patrimoniales" y que, al ser notificadas las irregularidades a los interesados, que debían presentar documentación que acreditaran el incremento patrimonial, sin que pudiesen de forma fehaciente descartar ese indicio de enriquecimiento ilícito, tanto civil como penal, o hasta la posible existencia de delitos como peculado, malversación de fondos u otros que atentan directamente contra la administración pública”, indica el documento.
De acuerdo a la Asamblea, Cristiani les manifestó que en el presupuesto había “gastos reservados” y que “no se hizo nada ilícito” pero consideró que su afirmación “no es cierta ya que no existía una ley o un manual”.
Así mismo, citaron que Saca mencionó como receptores de los sobresueldos a Margarita Escobar, Rodrigo Ávila, Francisco Laínez, Marisol Argueta, Guillermo López, Yolanda Mayora de Gavidia, Darlyn Meza, José Luis Guzmán, José Roberto Espinal, Gerardo Suvillaga, Carmen Elisa Sosa, David Gutiérrez, Jorge Nieto, Hugo Barrera, Luis Cardenal, Rubén Rochi, Elmer Cruz, Luis Mario Rodríguez, entre otros, además de mencionar “apoyo institucional a magistrados de la CSJ, exfiscales generales de la República y secretarios de partidos políticos (Partido de Conciliación Nacional y Partido Demócrata Cristiano), entre otros”. Señalan que recibían $10,000 mensuales aproximadamente.
El informe indica que dicha “actividad ilegal se trasladó a cada periodo presidencial” para mantener la práctica de “entrega de sobresueldos a los funcionarios públicos de los tres órganos de Estado”, “con el fin de comprar voluntades” y “compra de impunidad para sí”, para “amigos y familiares de esos funcionarios corruptos”.
Así mismo cuenta que en 1998 se aprobó el "manual de clasificación para las transacciones financieras del sector público" pero se continuó realizando la entrega de los mismos de manera clandestina.