La ley no será aplicable a actividades de aficionados sin fines comerciales o dispositivos que tengan permisos previamente obtenidos, sensores de edificios ni a drones.
Será la “Agencia Nacional de Inteligencia Artificial” la que aplicará la normativa, tendrá un catálogo y códigos de conducta de la industria robótica, y reconoce la ISO/TS 15066 (robots colaborativos), ISO 10218 (robots industriales), ISO 13482 (robots de cuidado personal), IEC 611508 (seguridad funcional) y versiones posteriores.
La nueva normativa distingue entre diseñadores, desarrolladores y fabricantes, integradores, desplegadores, operadores y usuarios finales, roles que “se tomarán en cuenta” para “determinar el responsable ante un incidente con una tecnología robótica que provocó daños a propiedad ajena o lesiones o percances a personas”.
La ANIA clasificará las operaciones de estos roles en riesgo básico, intermedio o alto, según el potencial de cada tecnología robótica de provocar daños físicos o incluso “irreversibles” si las medidas fallan o no son atacadas, y también emitirá directrices.
Los diferentes roles o actores tendrán la obligación “de acatar las normas técnicas de seguridad” establecidas por la ANIA, como medidas de seguridad si integran elementos de inteligencia artificial, características de lugares utilizados para pruebas, procedimientos para pruebas, requisitos de supervisión.
El gobierno estará obligado a promover la creación de laboratorios, crear incentivos fiscales, promover la enseñanza de robótica y generar oportunidades de prueba piloto para impulsar la innovación.