“Esto nos va a ayudar, ¿en qué sentido?, vamos a poder los mismos elementos de prueba para las personas que están ligadas entre sí, por sus vínculos delictivos, por el área en el cual cometen los delitos, por las víctimas a las cuales afectaban, y no vamos a tener que utilizar esos medios de prueba en diferentes procesos”, expresó esta mañana el fiscal ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.
La comisión recibió al fiscal y al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, antes de aprobar las “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción decretado a partir del 27 de marzo de 2022” y reformas relacionadas a las pruebas en la Ley contra el Crimen Organizado.
Delgado aseguró que ordenarán los imputados y los medios probatorios. “Lo que se busca es que grupos humanos que ya se encuentran en detención provisional y que pertenecen a diferentes células de diferentes pandillas se agrupen de acuerdo a la célula que pertenecen”, explicó.
El fiscal detalló que han capturado a 71,976 presuntos pandilleros y han iniciado 3,137 solicitudes de imposición de medidas.
La historia documenta mucho aquella famosa vista pública en contra de la Cosa Nostra en Italia donde había más de 300 imputados presentes. Acá, para que ustedes tengan una idea, ninguna de las clicas o canchas que vamos a procesar va a tener esa cantidad, aquí estamos hablando de causas de arriba de los 900 imputados por clica o cancha.
Gustavo Villatoro
Ministro de Justicia y Seguridad
El ministro Villatoro explicó que el decreto les “va a permitir convertir esas 3,137 solicitudes a organizarse en razón de las ciclas o canchas que cada una de las organizaciones terroristas tenían en el país”.
Sin embargo, el fiscal general afirmó en la misma reunión: “Son 3,137 procesos iniciados en este momento y aún hay imposición de medidas en trámite para llegar a las 71,976. De ahí surge la necesidad de esta ley”.
Villatoro explicó que la MS tiene “más de 284 unidades territoriales a nivel nacional”, la pandilla 18 Sureños tiene 160 unidades territoriales y la 18 Revolucionarios tiene 150 unidades territoriales. “Se ordenan, a todos se les hace responsables, ¿o acaso no nos acordamos cuando abrían válvulas, porque la instrucción venía desde arriba”, siguió explicando.
El fiscal advirtió que la ley ordena sobreseer definitivamente a los imputados luego de dos años o 24 meses si la Fiscalía no establece que están vinculados a una pandilla. Según el funcionario fiscal, le han respetado “las garantías constitucionales y la presunción de inocencia” a los imputados del régimen, pero que quieren presentar las “pruebas ordenadas al órgano judicial para obtener las sentencias adecuadas”.
Villatoro calificó este proceso de “transicional” y advirtió que “ellos (los pandilleros) actuaban como un corporativo criminal donde las 15 sillas determinaban las actividades criminales a las que se iban a dedicar sus programas y los programas derivarlos a sus clicas o, en el caso de los Sureños, las tribus a sus canchas”.
“De esa forma es que el Estado salvadoreño los va a procesar”, reiteró. Un ejemplo, dijo, son los pandilleros del programa Libertad de la clica Tecla Locos Salvatruchos, de los cuales hay capturados en Santa Ana, Sonsonate y La Unión, en donde no había presencia de esa clica.
El plazo previsto para aplicar las disposiciones transitorias son 24 meses. Según el fiscal, la Fiscalía debe presentar las pruebas antes de dicho plazo; de lo contrario, saldría libre.
Aquella persona que no presentemos que se integre con otros miembros de la organización criminal a un mismo proceso, eso será causal de sobreseimiento definitivo y la persona tendrá que ser puesta en libertad debido a que no se pudo establecer vinculación con ninguna célula de la pandillas”.
Rodolfo Delgado
Fiscal general de El Salvador
Subirán penas para cabecillas y buscan facilitar pruebas
El ministro de Seguridad pidió una a la Ley de Crimen organizado para aumentar penas a quienes ordenan los crímenes y para que las actas policiales sean prueba en los procesos.“La causal de ser cabecilla en cualquiera de las gradas de la estructura terrorista, sea suficiente para incrementar un tercio de la pena, si agrupaciones ilícitas el máximo es 45 se incrementaría en un tercio, para llegar a una condena, para los cabecillas de 60 años”, explicó Villatoro.
En la reunión, el fiscal general pidió no aprobar la reforma que avala la denuncia de la víctima ante sede policial como prueba documental. "Tiene que ser sometido a la valoración de la sana crítica”, explicó.
Las reformas están en estudio de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, que también escuchará a la Sala de Lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para posiblemente aprobarlas en sesión plenaria de este miércoles.
Los diputados no hicieron observaciones a las iniciativas; únicamente elogiaron el régimen de excepción y las 71,976 capturas realizadas durante dicha medida vigente desde el 27 de marzo de 2022.