Las asociaciones que anunciaron el respaldo a este grupo de abogados son: Asociación de Jueces de Paz, Primera Instancia y Magistrados de El Salvador (Ajupes), la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (Amjues), la Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador (Amjes) y la Asociación de Jueces de Chalatenango y El Salvador (Ajuchaes).
Consultado un periodista sobre el régimen de excepción, uno de los aspirantes, Raymundo Alirio Carballo Mejía, magistrado de Cámara, lo defendió.
“Sobre el régimen de excepción ustedes también han sentido la violencia y la violencia se debe atajar con medidas extremas; ante una sociedad violenta, los Estados se deben defender”, expresó Carballo Mejía. Añadió que no hay otra forma para que los Estados se defiendan. “Si no es de esa manera, la violencia se vuelve incontrolable”, afirmó.
Según el aspirante a magistrado de la CSJ, quienes no están de acuerdo con el régimen de excepción "visibilizan las arbitrariedades".
"Siempre han existido circunstancias que pueden parecer violaciones a derechos humanos sin pensarlo. No toda aprehensión tiene que ver con violaciones a derechos humanos”, manifestó Carballo Mejía.
Otro de los aspirantes presentes, Salvador de Jesús Tobar Ruiz, juez de lo laboral de Santa Ana, manifestó que la agrupación en procesos penales por el régimen de excepción “obedece al tipo de situaciones que se están atacando”.
“No es una decisión de los jueces”, dijo por su parte la aspirante Juana Jeanneth Corvera de Meléndez, quien aseguró que “todos tenemos la capacidad para conocer esos procesos masivos”.
Los ocho candidatos respaldados
Raymundo Alirio Carballo Mejía fue presentado como magistrado de Cámara, ha sido juez de paz, juez de sentencia, capacitador del Consejo Nacional de la Judicatura, es máster el derechos humanos y en derecho penal y procesal penal.“Todas las instituciones deben hacer algunas actualizaciones dentro de sus procesos de administración de tribunal”, dijo el aspirante. Añadió que “la tecnología es necesaria para la buena administración de justicia”.
Miguel Ángel Umaña Argueta fue presentado como magistrado presidente de la Cámara de Sonsonate, fue agente auxiliar del Fiscal General de la República en occidente, catedrático universitario en occidente.
Umaña dijo que está comprometido con la digitalización, inversión y capacitación, pero “posteriormente la CSJ podrá optimizar sus recursos”. Propuso capacitación al personal judicial en diferentes áreas, especialización en el área penal.
Salvador de Jesús Tobar Ruiz fue presentado como juez de lo laboral de Santa Ana, ha sido juez de paz e instrucción. En su intervención, reiteró la propuesta de digitalización y el acceso a la justicia.
Juana Jeanneth Corvera de Meléndez fue presentada como juez de primera instancia de Suchitoto, docente universitaria y ha laborado en ministerios de Salud y Gobernación, ha sido auxiliar fiscal.
Jesús Ulises García, juez quinto de sentencia de San Salvador, aseguró que fue juez de sentencia de Chalatenango y juez primero de paz de Sensuntepeque. Prometió mejorar las condiciones de los abogados.
Martha Alicia Ochoa Aragón fue presentada como jueza de familia en Santa Ana, fue coordinadora de la Procuraduría General de la República en Usulután, jueza de paz de Yoloayquín, capacitadora de la Escuela Judicial.
Se define como una persona conciliadora y mediadora, propone el uso óptimo de los recursos y la mejora continua. “Mi propuesta sería que se implementen cambios, mayor inclusión en la formación, mi propuesta sería que se continúe con la modernización”, dijo.
En la presentación fueron mencionados Ramón Narciso Granados, magistrado suplente de la CSJ, y Santos Guerra Grijalba, consejero del Consejo Nacional de la Judicatura, quienes no asistieron al encuentro.