La mayoría de esas demandas recibidas durante los dos últimos años fueron rechazadas de entrada (3,308 o el 48 %) y una mínima parte (106 casos o 1.6 %) fueron admitidas para su estudio. La instancia judicial emitió 31 sentencias favorables (0.4 %).
Los datos fueron investigados por la Fundación para un Debido Proceso (DPLF) y son recogidos en el estudio "Desprotección judicial, la respuesta de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, régimen de excepción 2024".
Según la DPLF, se trata de un "rechazo sistemático" a los habeas corpus presentados por los ciudadanos. En contraste, el estudio indica que las demandas de amparo y de inconstitucionalidad disminuyeron.
Un "habeas corpus" es una herramienta utilizada por familiares y víctimas de desaparición para provocar que el Estado entregue información sobre el paradero o la integridad de su familiar desaparecido.
El estudio documenta casos presentados por familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción y que no conocen nada de sus familiares ni de su estado físico. Las personas, según DPLF, "son incomunicadas, sin registros y sin informar a sus familiares", y según dicha fundación "podrían constituir casos de desapariciones forzadas".
Uno de los argumentos de la Sala, en una de las resoluciones, es que no se trataba de una amenaza al derecho a la libertad física sino un asunto de "mera legalidad".
Algunos de los nuevos argumentos de la Sala de lo Constitucional en torno a las demandas habeas corpus en régimen de excepción según DPLF son que la inexistencia de una orden de captura no implica una vulneración a la Constitución por las excepciones de ley; y que "la valoración de los indicios de comisión de un delito y de la participación delincuencial de una persona le corresponde exclusivamente a la policía, luego a la fiscalía y finalmente a los tribunales penales".
Por otra parte, las autoridades han usado el amparo para evadir los efectos de una sentencia favorable de habeas corpus dictada por la Cámara de Segunda Instancia según el amparo 112-2023, caso en el cual ante una petición fiscal ordenó medida cautelar para mantener en prisión a la persona.