Para el año 2025, el Estado salvadoreño ha destinado $680.8 millones a siete instituciones de control, lo que constituye un 7 % del presupuesto general del Estado.
El 72 % del presupuesto de las instituciones de control está asignado al Órgano Judicial y el restante 28 % está repartido entre seis instituciones de control: la Fiscalía General de la República tiene el 13 % del presupuesto de las entidades de control y la Corte de Cuentas de la República (CCR), un 7.4 %.
Las instituciones de control tienen una cobertura del 95 % de su necesidad presupuestaria, les harían falta un poco más de $31 millones”.
Julio Amaya, investigador.
Así mismo, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene una asignación del 5 % del presupuesto de las instituciones de control; la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), un 1.5 %; el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), un 0.3 %; y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), un 0.35 %.
Los presupuestos de las instituciones de control bajaron desde un 37.7 %, en el caso de la FGR, hasta un 9.99 %, en el caso de la PGR.
Las necesidades presupuestarias planteadas originalmente por estas instituciones sumaban $711.9 millones, pero tuvieron un recorte de $31.1 millones a sus proyectos presentados a Hacienda.
La AC emitió siete solicitudes de información presupuestaria, una a cada institución de control: la Fiscalía denegó la información bajo el argumento de que la información es “reservada”; la CCR no entregó a información; la PDDH, el IAIP y el Órgano Judicial entregaron solo parte de la información, y solo la PGR y el TEG entregaron la información.
¿Qué información era?: monto del techo presupuestario comunicado por Hacienda, copia del proyecto de presupuesto presentado a Hacienda, copia de cualquier documento que hay servido de base para la elaboración del proyecto de presupuesto 2025 previo a los ajustes y modificaciones realizadas al techo presupuestario y presupuesto institucional aprobado por la Asamblea Legislativa para 2025.