El Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) negó entregar información sobre la compra y venta de bitcoin por parte del gobierno salvadoreño y argumentó que la información ya está reservada por la misma ley del banco estatal.

La resolución fue emitida el 21 de septiembre de 2022 ante una solicitud de las Oficinas de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

Una ciudadana pidió información sobre la fecha y el monto de la compra y venta de bitcoins, las actas de aprobación del Consejo de Administración del Fideicomiso (Fidebitcoin) creado por decreto legislativo el 31 de agosto de 2021.

La respuesta de Bandesal fue que ni el Consejo de Administración del Fidebitcoin ni el Fiduciario del Fideicomiso están facultados para entregar esta información porque está reservada, ya que deben proteger “los intereses del Fideicomitente y demás parte involucradas”.

Bandesal indicó, en la respuesta, que “no es necesario que la declaración de reserva sea dictada por el fiduciario o en su caso el Consejo de Administración” del Fideicomiso.

La respuesta de Bandesal argumenta que el artículo 92 inciso final de la Ley de Bandesal dice que toda la información relativa a operaciones que el Banco realice, sea con sus propios recursos, de terceros o de los fondos o fideicomisos que administre, “se encontrará sujeta a reserva independientemente de la naturaleza de dichos recursos y de su origen”.

El Fidebitcoin está constituido por un periodo indeterminado y pretende respaldar financieramente al usuario para la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar si así lo desea el usuario dentro de una billetera digital estatal, de acuerdo al artículo 1 la ley vigente.

La ciudadana también pedía el saldo actual de bitcoins, su valor actual en dólares, las direcciones de las billeteras cripto usadas por el gobierno para comprar y mantener sus bitcoins y sus saldos, entre otras. También pedía información detallada sobre contratistas extranjeros que el gobierno ha pagado por proyectos relacionados con bitcoin en el último año.