Los primeros cinco candidatos a procurador para la defensa de los derechos humanos entrevistados por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa respaldaron el régimen de excepción aplicado en El Salvador por sexto mes. Las preguntas fueron: ¿el actual régimen de excepción viola los derechos humanos? y ¿se están respetando los derechos humanos en el régimen?

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 luego de tres días continuos de homicidios, sobre los cuales hay hipótesis distintas. Los candidatos Gustavo Adolfo Rivas Reina, Carolina María Hernández de Hernández, Yanira Guatemala Martínez, José Apolonio Tobar Serrano y Roberto Martínez Díaz defendieron la legalidad o el respeto de derechos humanos del régimen de excepción o de su aplicación.

Las entrevistas continuarán el lunes 12 de septiembre con el resto de candidatos: Juan José Zaldaña Linares, David Oswaldo Escobar Menéndez, Clovis Yeral Mondragón Hernández y Raquel Caballero de Guevara.

Gustavo Rivas
Gustavo Rivas

Renunció de la PDDH. Gustavo Adolfo Rivas Reina: trabajó por 15 años en la PDDH. Renunció de la PDDH y decidió tomar un descanso, dijo, para tomar una “perspectiva neutro”.

“El régimen es saludable para el país”

Gustavo Adolfo Rivas Mena aseguró que el régimen de excepción en El Salvador es “saludable para el país subsumido en una ola de violencia”. “No se había tenido una mano, digámoslo así, una condición certera lo suficientemente aterrizada a la realidad”, expresó.

Añadió que “más allá de las lecturas jurídicas” trajo un “bienestar social” que “sobrepasa” opiniones de “la mayoría de pensadores” que “no comprenden” la evolución del país hacia “la progresividad”. Pero el candidato dijo que otra cosa es que “en el camino los operadores puedan cometer desaciertos”. No señaló alguno y dijo que en Mariona veía “progresividad”.

PDDH politizada.

El candidato manifestó que está “totalmente convencido” que la PDDH se ha politizado. Señaló que en la PDDH ha habido pronunciamientos que responden a “intereses de grupos de presión” que “condenan a no ser ecuánimes” en el desarrollo del mandato.


Carolina Hernández
Carolina Hernández

Jefa de departamento: Carolina María Hernández de Hernández. Jefa de departamento de discapacidad y derechos. Exjefa de departamento de Denuncia y excoordinadora de acciones inmediatas.

“La implementación del régimen no violenta los derechos humanos”

Carolina María Hernández de Hernández calificó el régimen de excepción de una “medida muy buena” y que la “implementación del régimen de excepción no violenta los derechos humanos” cuando se intenta “proteger la seguridad de los ciudadanos” y se está protegiendo “el interés superior de la ciudadanía”.

Agregó que el régimen impulsará a que el país se desarrolle a “la promoción de la seguridad de la población” ya que así se protege el derecho “a la vida y la salud”.

Figura concertadora. La candidata expresó que debe haber una relación positiva entre la PDDH y las instituciones del Estado. Aseguró que el nuevo procurador debe estar “dispuesto a interactuar de manera positiva con el Estado”, debe ser concertador y “apoyar los procesos positivos con el Estado” y “dispuesto a poder interactuar positivamente con el Estado”.



Yanira Guatemala Martínez
Yanira Guatemala Martínez

Jurídica de San Miguel: Yanira Guatemala Martínez. Trabaja en la PDDH desde hace 24 años. Maestría en derechos humanos, diplomado en tortura y desaparición forzada.

“No se les violenta, podrían haber vulneraciones pero estando en detención”

Yanira Guatemala Martínez asegura que el régimen de excepción no viola los derechos humanos de las personas detenidas. “No podríamos decir que por el solo hecho del régimen o por el solo hecho de estar detenidos se les violentan los derechos. No se les violenta”, respondió.

Sin embargo, matizó: “Podríamos hablar de que podrían haber algunas vulneraciones, pero estando en su proceso de detención, que es muy diferente al hecho de ser detenido por el régimen”.

Trato directo con los denunciados. La aspirante a la PDDH aseguró que su primera acción en la institución sería realizar una evaluación del desempeño institucional sin hacer una cacería de brujas.

Su segunda acción, dijo, sería “establecer trato directo con los funcionarios públicos que se le señalan violaciones a los derechos humanos”.


Apolonio Tobar
Apolonio Tobar

Procurador actual: José Apolonio Tobar Serrano. Procurador para la defensa de los derechos humanos, fue juez civil de San Vicente, Cojutepeque, Santa Ana, exsecretario de juzgados.

“El régimen de excepción es una herramienta prevista por la Constitución”

Apolonio Tobar aseguró que “el régimen de excepción por sí mismo es una herramienta prevista por la Constitución” y que serán las autoridades las que determinen si hay “algún vicio”.

¡No es posible que digan que es pecado! Tobar aseguró que “no es posible que digan que es pecado sentarse con un ministro, sentarse con un director, ¡nombre!, tenemos que trascender ese pensamiento que nos ha mantenido ahogados en esas disputas”.

Dijo que la población está cansada de conflictos y espera respuestas. Fue un interrogatorio que duró más de una hora en donde Nuevas Ideas cuestionó a Tobar de su vínculo con el FMLN. Reconoció que fue asesor jurídico asignado al grupo parlamentario del FMLN.

Arena lo cuestionó del 9-F y El Mozote. Brevemente se refirió a los comunicados que emitió la PDDH.

Roberto Martínez
Roberto Martínez

Removido y restituido: Roberto Martínez Díaz. Trabaja en la PDDH desde 1998, en San Miguel, Usulután, La Unión, San Vicente, fue removido y restituido por una demanda.

“Es una herramienta de combate al crimen”

Roberto Martínez Díaz defendió la aprobación del régimen de excepción, diciendo que “es una herramienta para combatir el crimen” y está “en la Constitución”. La pregunta del diputado Juan Carlos Mendoza, de Gana, fue si cree que se están respetando los derechos humanos en el régimen de excepción ante quejas de políticos y asociaciones.

El abogado citó el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos para indicar que “los Estados tienen la potestad” y que “no le pone término” y el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que faculta a los Estados a limitar derechos bajo condición de peligrosidad.

Propuestas.

Propuso iniciar de oficio las investigaciones de violaciones a derechos humanos, emitir opiniones y promover la adhesión de tratados internacionales, y crear una red de jóvenes estudiantes promotores de derechos humanos.