El mandamiento de constitucionalidad 1-2021 “es una resolución vigente, una resolución que en cualquier país donde exista un Estado de derecho funcional se cumple”, afirmó durante el conversatorio “El Salvador: un año sin separación de poderes”, desarrollado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca).
Avilés calificó la situación del 1 de mayo de 2021 como “golpe técnico a la Sala de lo Constitucional”.
Según Avilés, el Ejecutivo le ordenó al Legislativo que destituyera a la Sala de lo Constitucional y que en su lugar pusiera abogados que controlan. “En cualquier orden constitucional esto sería materia de ciencia ficción, pero en El Salvador es una realidad”, afirmó. Añadió que ello aniquiló el Estado constitucional de derecho y “hace retroceder casi 200 años”.
Es una resolución vigente, una resolución que en cualquier país donde exista un Estado de derecho funcional se cumple”. Carlos Sergio Avilés, magistrado destituido el 1 de mayo
En su reaparición, Avilés, el único magistrado que no renunció luego de la destitución, exhortó a los jueces a no autoanularse y a dignificar su investidura. “Tienen un gran compromiso con la historia”, expresó Avilés.
Un “caos”.
Para el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional Sidney Blanco, las resoluciones de los abogados que asumieron los cargos de magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 no son válidas, como tampoco las resoluciones de los jueces nombrados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).En el mismo foro, el exfuncionario señaló que “ni siquiera se discuten las candidaturas”, sino que “simplemente se nombran”, sin que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) lo proponga.
Esto, según Blanco, lo deberá resolver el derecho administrativo cuando “algún día” las cosas sean normales.
Se impusieron por la fuerza (magistrados de la Sala), tuvieron que hacerlo acompañados de la Policía y de los militares, carecen de validez total”. Sidney Blanco, exmagistrado Sala de Constitucional
El exmagistrado de la Sala de lo Constitucional concluyó que actualmente hay una anulación de un conjunto de derechos individuales y sociales. “Asistimos a una devaluación de derecho. El derecho a la libertad es un derecho en riesgo para cualquiera”, afirmó. Lo que se avecina, según el abogado, es “una espiral de violencia”.
Las políticas de agresividad, de violación de derecho, de sumisión a una sola persona, de arbitrariedades, según el exmagistrado, es la repetición de una “película” en el país.
Blanco sumó sus críticas a los gobiernos anteriores a partir de los Acuerdos de Paz. “Perdieron la oportunidad de fortalecer el sistema judicial, en algún momento se perdieron y los partidos políticos se conformaron con el reparto de cuotas partidarias”, expresó.
Empezaron a aparecer las cartas de renuncias con idéntica redacción (destituidos), esa voluntariedad no impide ningún reclamo”. Úrsula Indacochea, directora de programa de DPLF
Las renuncias.
Ursula Indacochea, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), cree que la firma de las cartas de los magistrados destituidos supuestamente “voluntarias” no inhiben un reclamo.“Empezaron a aparecer las cartas de renuncias con idéntica redacción. Esta voluntariedad es una presión externa y no impide ningún reclamo, es parte de la vulneración”, afirmó, la abogada, quien también participó en el foro sobre el primer año luego del 1 de mayo de 2021.