El 1 de julio, Amnistía Internacional declaró a Pérez, López y Henríquez como prisioneros de conciencia.
El representante de la organización de derechos humanos explicó que esta declaratoria es única de Amnistía Internacional y no tiene una implicación legal, sino que es una herramienta que marca un punto de inflexión para movilizar acciones nacionales e internacionales en torno a lo que está pasando en El Salvador.
“Esta declaración no es limitada a estas tres personas, en el sentido que también aprovechamos con esta declaración de extender la preocupación sobre decenas de otras personas detenidas en El Salvador y expresamos toda la solidaridad con todas ellas”.
César Marín, Amnistía Internacional.
Marín indicó que la declaratoria de prisioneros de conciencia “es una herramienta” que hace que Amnistía Internacional llame la atención “sobre las circunstancias específicas que se están viviendo en El Salvador en este momento”, que consideran que viene materializándose desde hace varios años y que uno de sus ingredientes es la “puesta en prisión de personas que le resultan incómodas a las autoridades”.
“Es importante que resaltemos que, cuando hablamos de personas presas de conciencia, no estamos diciendo que son las únicas con las cuales Amnistía y todo el movimiento internacional que representamos en más de 90 territorios vaya a dirigirse solo a tres personas, estamos hablando de la generalidad de lo que esá ocurriendo en El Salvador y sobre todo las personas que están padeciendo estas violaciones a derechos humanos. No estamos dejando de lado a alguien, simplemente estamos poniendo el foco en estos tres casos para poder aumentar la exposición de lo que ocurre en El Salvador y esto de alguna manera engloba la situación de todas las personas que están padeciendo circunstancias similares”, indicó el activista de derechos a nivel internacional, ante la pregunta si la declaratoria no incluiría al abogado Salvador Enrique Anaya, capturado el sábado 7 de junio.
El representante da la organización indicó que la “categoría de prisionero de conciencia es única de Amnistía Internacional” y no existe legalmente ni tiene vinculación legal, pero que es “atesorada en el sistema internacional de justicia y de derechos humanos” especialmente en campañas y movilización.
“Genera un punto de inflexión y de atención muy importante hacia las circunstancias que se viven en el país y hacia las circunstancias que viven las personas detenidas. Si bien no es vinculante, es una categoría que genera bastante interés y preocupación y moviliza la acción de distintas instancias internacionales al respecto, instancias que se van a mover ahora a partir de la declaración”, subrayó.
Detalló que la atención también se genera sobre otros contextos de violaciones a derechos humanos y mencionó casos de desapariciones señaladas en las deportaciones de extranjeros y su posterior reclusión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) o detenciones sin juicios bajo el régimen de excepción, así como arrestos de activistas con acusaciones infundadas.
Luego de la protesta cerca de la residencia del presidente Nayib Bukele, por parte de miembros de la comunidad El Bosque, las autoridades capturaron el 12 de mayo al pastor José Ángel Pérez, coordinador de la cooperativa El Bosque, el 13 de mayo, al abogado, líder comunitario y miembro del Foro del Agua, Alejandro Henríquez. El 18 de mayo, fue arrestada Ruth Eleonora López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la asociación Cristosal; y el 7 de junio, a Enrique Anaya, el abogado que pidió anular la inscripción de la candidatura a la reelección presidencial de Nayib Bukele. Mientras Pérez y Henríquez son acusados de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores, López es acusada de enriquecimiento ilícito y Anaya es acusado de lavado de dinero. Los casos de López y Anaya fueron declarados en reserva total.