La CIDH sugiere “poner fina a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción” y “elaborar e implementar una política de seguridad ciudadana integral y multisectorial” sobre causas de criminalidad y con enfoque de derechos humanos.
En el informe, el organismo internacional solicitó al Estado salvadoreño derogar las siguientes disposiciones:
- Artículo 5 del decreto 339 del 30 de marzo de 2022 por aplicar la prisión preventiva obligatoria o impedir su sustitución.
- Artículo 2 de dicho decreto que pone reserva a la identidad de los jueces.
- Artículos 1, 2 y 3 del decreto 342 del 30 de marzo de 2022, relacionados penas de adultos a menores de 18 años; y a la aplicación obilgatoria del internamiento preventivos.
- Disposiciones que prohíban visitas familiares a centros penitenciarios en el artículo 79-A del decreto 93, reformas a Ley Penitenciaria.
Militares en el Centro Histórico de San Salvador. El régimen de excepción puede prorrogarse únicamente por 30 días según la Constitución de la República. / DEM.
Suspender audiencias masivas
La CIDH recomendó a El Salvador cesar la práctica de audiencias judiciales de carácter masivo que se aplica contra los detenidos bajo el régimen de excepción y asegurar que los inculpados tengan derecho de defensa, así como que se establezcan en la legislación “más medidas alternativas a la prisión preventiva”.Además, sostuvo que es necesario garantizar los derechos de audiencia, defensa y presunción de inocencia, y criticó el enfoque “fuertemente punitivo” contra estándares interamericanos en justicia juvenil.
La Comisión objetó la aplicación automática de la prisión preventiva y manifestó su preocupación por “las muertes ocurridas bajo custodia estatal y las denuncias de tortura y malos tratos”. Así mismo, solicitó remediar el hacinamiento carcelario y garantizar las visitas familiares a todos los centros penales.
Entre otras recomendaciones, la organización internacional solicita al Estado salvadoreño elaborar un registro individualizado de víctimas de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción, un plan de reparación integral para víctimas de violaciones, investigar lesiones o muertes por parte de fuerzas policiales o militares, elaborar un diagnóstico sobre necesidades de Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República y Poder Judicial y elaborar un registro de detenidos.
La CIDH pidió al Estado de El Salvador a abstenerse de intimidar, amedrentar y descalificar la labor de periodistas, y rechazar cualquier tipo de violencia en su contra; además, lo llamó a adecuar la legislación o las medidas para garantizar la libertad de expresión y de prensa, y el pluralismo de los medios de comunicación.
Voto razonado
El informe tuvo el voto razonado del comisionado Carlos Bernal Pulido, al que se unió el comisionado Stuardo Ralón Orellana, que consideró que el informe requiere mayor precisión metodológica, desconoce principios del Sistema y es una oportunidad de avanzar en la transparencia de la CIDH.Detalló que el informe incluye información sobre la destitución de jueces y otros asuntos que no tienen vinculación directa con el estado de excepción y que no tienen contraste o verificación.
Bernal también consideró que hay “un importante vacío” sobre los criterios para delimitar el universo de testimonios y personas entrevistadas.