Decenas de salvadoreños se concentraron este miércoles (09.02.2022) afuera de la Asamblea Legislativa, para conmemorar la toma militar del Órgano Legislativo por parte del presidente Nayib Bukele hace dos años, el 9 de febrero de 2020.

La convocatoria, lanzada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, busca manifestarse en contra del autoritarismo y la militarización en El Salvador.

Hace dos años, el presidente de la República irrumpió en la Asamblea Legislativa junto a miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y unidades especiales de la Policía Nacional Civil (PNC), para presionar a los diputados a celebrar una sesión plenaria, convocada por el Consejo de Ministros, para aprobar más fondos al Plan Control Territorial.

Sonia Urrutia, dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, condenó la toma del congreso hace dos años, y a rechazó las acciones de los diputados de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa.

Hoy se cumplen dos años del asalto militar del presidente Nayib Bukele a la sede de la Asamblea Legislativa, que constituyó un golpe contra la separación de poderes, la institucionalidad, el Estado de Derecho y la incipiente democracia del país".

Sonia Urrutia
Dirigente del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.

La Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares también declaró simbólicamente el 9 de febrero como “Día nacional de la lucha contra el autoritarismo”, mensaje que plasmaron en pancartas y consignas de protesta.

Además, hicieron un llamado a “cerrar filas contra la consolidación de este régimen autoritario”.En la concentración también participó el Frente Social y Sindical Salvadoreño (FSS) y autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El vicerrector de la UCA, Omar Serrano, llegó minutos después de la concentración, e hizo un recuento de lo que sucedió el 9 de febrero de 2020 y el 1 de mayo de 2021.

Lo que hemos visto es un avance y una confirmación del modelo autoritario del presidente de la República. Prácticamente se están eliminando todas las opiniones que no aplaudan las medidas del Gobierno, que sean críticas y que cuestionen la ética de los funcionarios en la parte de transparencia y una vez que hayan tomado control de prácticamente toda la institucionalidad pública a excepción de la Corte de Cuentas, lo que pretenden es acallar a las voces de la sociedad civil que siguen siendo contraloría social y siguen hablando con la verdad”.

Omar Serrano
Vicerrector de la UCA.

La concentración fue recibida por una barricada colocada a unos 30 metros del portón sur de la Asamblea Legislativa y custodiada por agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la PNC. Los manifestantes colocaron carteles y flores a la barricada.



El movimiento se manifestó, además, contra otras acciones de la Asamblea Legislativa como la <Ley de Recursos Hídricos, la Ley Bitcoin, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, así como el espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

¿Golpe militar o seguridad?

El 9 de febrero de 2020, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada se tomaron las instalaciones de la Asamblea Legislativa. El diputado encargado de la seguridad, en ese tiempo, era el pecenista Reynaldo López Cardoza, ahora aliado del Gobierno.

Hasta ahora, el Gobierno aseguró que los militares que acompañaban al presidente, incluyendo el Alto Mando del Ejército, estaban ahí para brindar seguridad al presidente.

Sin embargo, esto contradice la versión de los diputados, incluso alidos del Gobierno. Un día después del 9F, López Cardoza cuenta cómo el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, le dijo: “Diputado, disculpe, pero nosotros ya ingresamos y tenemos el control de los portones y necesitamos la llave del Salón Azul porque el señor Presidente va a hacer presencia, de lo contrario, vamos a tumbar las puertas".



“Aquí se iba a abrir a la fuerza por órdenes del ministro de Seguridad (Rogelio Rivas), me lo dijo el director”, añadió el diputado, quien reiteró que “ninguna persona” de la Asamblea dio esa orden.

Tanto el director de la PNC como el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, fueron interpelados por la Asamblea Legislativa anterior, que recomendó su destitución. El Ejecutivo hizo caso omiso de esta sugerencia.