Rodríguez detalló que un problema que sería resuelto con la aprobación de la ley secundaria es la regularización del alquiler de tierras que hacen los agricultores y la posibilidad de que sean sujetos de créditos.
Señaló que es necesario que el sector financie su acceso a tierras.
Además, el académico considera que la institucionalidad nacional relacionada al agro está “incompleta”, pues la legislación no atribuye responsabilidades a una institución específica que sea la encargada de facilitar el acceso a tierras para el sector agrícola en El Salvador.
La propuesta de reformas constitucionales elaborada por el equipo ad hoc sobre el tema agrario no cambiarían lo actualmente regulado.