La reducción del espacio cívico, según el Consorcio, se evidencia por el "declive" en indicadores sobre las libertades fundamentales. Por ejemplo, el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras de 2023 muestra una baja de 54.09 a 51.36 en el puntaje respecto a 2022.
El Consorcio analizó cuatro áreas –indicadores internacionales, principales acontecimientos, informes de sociedad civil e instituciones de control– y enumera los índices de percepción de la corrupción, Estado de Derecho y libertad de prensa, acciones que han limitado el acceso a la información pública y el retroceso señalado en informes nacionales sobre estándares internacionales de prevención de corrupción y lavado de dinero, asignación presupuestaria a instituciones de control, entre otros.
El informe es claro en que El Salvador ha retrocedido en los principales estándares relacionados a transparencia, por lo tanto, podríamos decir que el Estado salvadoreño, la institucionalidad salvadoreña, no responde a los estándares de transparencia”.
Abraham Ábrego,
director de Litigio Estratégico de Cristosal.
La directora de Transparencia y Anticorrupción de Funde, Jessica Estrada, aseguró que “definitivamente en El Salvador no hay hoy por hoy promoción de la transparencia basada en estándares internacionales y buenas prácticas... y tampoco hay un combate efectivo a la corrupción”.
Estrada indicó que parte de los retrocesos implican la baja calificación de El Salvador en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional que colocó al país una calificación de 33/100, “donde 0 significar mayor nivel de corrupción”.
El estudio retomó el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project en el que indica que “persisten retos importantes para la transparencia, la lucha contra la corrupción y el respeto de las libertades fundamentales”.
El diagnóstico recuerda que El Salvador fue expulsado de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), el no consentimiento de las autoridades salvadoreñas para divulgar el informe del examen del Artículo IV 2023 realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la aprobación de la nueva Ley de Compras Públicas que según Estrada amplió “las zonas exentas de control”.
También, recordó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sección de Probidad, denegó la entrega de información sobre el listado de funcionarios que no presentaron su declaración patrimonial y el número de expedientes procesados por enriquecimiento ilícito; y la Sala de lo Contencioso Administrativo reservó los nombres de las personas condenadas por la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Las organizaciones retomaron un informe de Human Rights Watch para 2022 en el que aseguró que el “gobierno salvadoreño ha debilitado el rol del Instituto de Acceso a la Información Pública”.