Los delitos imputados corresponden a malversación de fondos, actos arbitrarios, peculado, retención de cuotas laborales, administración fraudulenta, falsedad material, documental agravada e ideológica, además de incumplimiento de deberes, retención de cuentas laborales y tributarias.
La CCR presentó avisos contra diez comunas que habrían cometido cerca de siete delitos contra la administración pública en el último período municipal.
Los fondos ascienden a $9,573,569.64 millones provenientes del monto asignado para atender la pandemia ($3,307,036.46 millones), del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES) ($2,697,473.04 millones), del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) ($6,521.98), de préstamos ($2,831,000 millones), fondos propios($711,782.28) y proyectos de las municipalidades ($19,755.88).
El encargado de la Dirección Jurídica de la CCR, Carlos Quinteros, expresó que las auditorías realizadas por la institución revelaron las anomalías financieras en las alcaldías.
Quinteros no brindó detalles de las comunas investigadas pero mencionó que seis corresponden a la zona occidental, dos de la central, una de la paracentral y una de la oriental. La Corte entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) las pruebas documentales encontradas durante las auditorías.