La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Fiscalía General de la República (FGR) suscribirán un convenio, el lunes 1 de diciembre, por las atribuciones que les da la nueva Ley Anticorrupción, según el presidente de la CCR, Walter Sosa Funes.
La Ley Anticorrupción crea un Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC) que tendrá una labor de “contraloría, regulación y verificación sobre el patrimonio de los funcionarios, empleados públicos, servicios públicos, agentes de autoridad y autoridad pública, y ciudadanía” Y que creará protocolos para el intercambio de información en tiempo real.
El titular de la institución contralora explicó a los diputados el viernes en la reunión con Comisión de Hacienda: “Ambas instituciones somos quienes vamos a manejar el SINAC al momento de aplicar la Ley Anticorrupción, nosotros como Corte de Cuentas tomamos un papel trascendental”.
La nueva Ley Anticorrupción dará a la CCR un acceso irrestricto a la declaración jurada de activos y pasivos de estos sujetos obligados e investigar indicios de corrupción, conflictos de interés o enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.
El funcionario detalló que el 9 de diciembre de 2025 en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) lanzarán la nueva Dirección Anticorrupción de la Corte de Cuentas de la República, unidad que trabajará con el SINAC y la FGR.
Además, firmarán convenios con la Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura, Consejo de Vigilancia de Contaduría Pública y con la Superintendencia de Regulación Sanitaria.
La nueva Ley Anticorrupción obliga a funcionarios y empleados públicos que declaren patrimonio a la Corte Suprema de Justicia a que presenten, con su declaración del Impuesto sobre la Renta, “una declaración jurada denominada Informe de Activos y Pasivos” con información suya y de su cónyuge sobre los saldos de sus activos fijos y circulantes, pasivos, adquisiciones o transferencias de bienes muebles e inmuebles en el periodo de la declaración.
Según la nueva normativa, estos informes serían publicados por el Ministerio de Hacienda a más tardar 15 días hábiles luego de haber sido presentada.
La nueva Ley Anticorrupción está vigente desde el 11 de agosto de 2025 y fue aprobada el 7 de febrero de 2025. Fue uno de los compromisos a los que llegó el gobierno salvadoreño en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,400 millones para buscar la sostenibilidad fiscal en El Salvador.
