La Corte Suprema de Justicia (CSJ), negó el acceso de información pública estadística sobre funcionarios y exfuncionarios que no han presentado su declaración de patrimonio, tal como se los exige la "Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos".
En agosto de 2015 en El Salvador la CSJ liberó las declaraciones públicas de los funcionarios; posteriormente las reservó y únicamente entregaba la información estadística. La resolución del 25 de enero de 2023 deja reservada incluso las cifras de los funcionarios que declaran y no declaran sus patrimonios.
La Unidad de Acceso de Información Pública de la CSJ alegó, según los demandantes de la información, la resolución 20-20-RA-SCA emitida en diciembre de 2020 por la Sala de lo Contencioso Administrativo que se pronunció sobre las declaraciones de patrimonio y los informes de la Sección de Probidad de la CSJ. Su argumento es el artículo 240 de la Constitución de la República, que indica que las declaraciones se mantendrían bajo reserva.
Puede leer: Funcionarios de Sánchez Cerén sin presentar más de 3,900 declaraciones a ProbidadCon esta resolución la CSJ bloquea el acceso a todo dato relacionado con el quehacer de la Sección de Probidad y pone candado a información valiosa sobre casos de enriquecimiento ilícito e incluso datos administrativos e información sobre los casos que conoce Corte Plena. –Acción Ciudadana.
La AC objetó que la CSJ fundamente la reserva de información en una resolución que se pronuncia "únicamente sobre declaraciones juradas de patrimonio y los informes de la Sección de Probidad", y no sobre datos estadísticos, que era lo único solicitado por la AC.
Los miembros de la organización no gubernamental señalan que la misma CSJ les ha entregado estas estadísticas después de esta resolución de la Sala de lo Contencioso. Desde 2019, la Corte había entregado sin ningún reparo esta información, dijo el director ejecutivo de la AC, Eduardo Escobar.
En julio de 2022 la AC reportó 6,291 declaraciones de patrimonio sin presentar con información de la CSJ hasta el 7 de diciembre de 2021. De este total, 3,935 pertenecían a la gestión presidencial 2014-2019 y un total de 2,356 a la gestión gubernamental 2019-2024: 1,632 de inicio de funciones y 724 de cese de funciones, tanto del Ejecutivo como de las instituciones autónomas.La Corte está blindando casos de funcionarios no han rendido su declaración de patrimonio, tanto al ingreso como a la salida del cargo. No estábamos pidiendo las declaraciones de patrimonio, nos están llevando a una situación de total oscuridad. –Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
