El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, defendió el martes el establecimiento de técnicos de la Fiscalía General de la República (FGR) como peritos permanentes, algo contemplado en la reforma al Código Procesal Penal propuesta por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, a la Asamblea Legislativa.

Una reforma al artículo 226 del Código Procesal Penal agrega a técnicos, especialistas, analistas, contadores y auditores de la FGR y de la Policía Nacional Civil (PNC), además de auditores de Hacienda y Corte de Cuentas, como peritos permanentes, que realizan diligencias sin necesidad de su juramentación.

Actualmente, son peritos permanentes "los técnicos y especialistas de la PNC". Según la propuesta, en el delito de administración fraudulenta, el costo económico de las pericias deberán ser asumidas por "las partes interesadas".

El fiscal Delgado explicó a los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa la necesidad de aprobar esta reforma para hacer más efectiva y menos costosa para el Estado la investigación del delito de administración fraudulenta.

El fiscal explicó que el afectado hace la denuncia de un supuesto delito de administración fraudulenta ante la Fiscalía y la FGR debe auxiliarse de especialistas de otras instancias públicas para el peritaje que permita abrir un camino de investigación por posible delito.

Esto, según dijo el fiscal, debe cambiar, ya que los especialistas de las diferentes instituciones como Hacienda deben parar su trabajo en la entidad con el fin de hacer el peritaje en investigación para la Fiscalía, lo que además le sale caro al Estado.

“Actualmente existe una mala práctica en algunos abogados y consiste en no agotar otro tipo de instancias, entiéndase de naturaleza mercantil, para poder reclamar determinados derechos; y lo que se ha dado es que buscan a la Fiscalía para criminalizar algunas acciones que perfectamente pueden dilucidarse en instancias civiles o instancias mercantiles", explicó el fiscal Rodolfo Delgado.

Delgado añadió que "presentan una denuncia y dejan a la Fiscalía encargada de realizar una auditoría contable" y, luego, "la Fiscalía se ve en la obligación, debido a que no existen reglas adecuadas en cuanto a los peritos permanentes, de buscar el auxilio de otras instituciones del Estado, para poder realizar este tipo de exámenes periciales". Cuando hay investigación en firme, la FGR tiene "que recurrir a peritos de otras instituciones para realizar nuevamente ese peritaje”, dijo.

Con la reforma, según la aseveración del funcionario, se establecerá que junto con la denuncia que se presente por el delito de administración fraudulenta, “los interesados deberán de presentar la auditoría contable o una pericia financiera, realizado a costo de ellos”.

"Esta medida, más el hecho que se les dará la calidad de peritos permanentes a los miembros de la Policía Nacional Civil, más los miembros de la Fiscalía General de la República, nos va a permitir atender otro tipo de investigaciones”, aseguró Delgado.

Los diputados de Nuevas Ideas estuvieron de acuerdo con todo lo expuesto por el fiscal y, al final de la Comisión, acordaron llamar para el lunes 29 de julio al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien propuso la reforma al Código Procesal Penal y al Código Penal.


Propuesta de reforma al artículo 226 del Código Procesal Penal
"Refórmase la letra b e incorpórase la letra f) y un inciso final al artículo 226:
b) Los técnicos, especialistas, analistas, contadores y auditores de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la República por razones de especialidad o necesidad.
f) Los auditores nombrados por las dependencias tributarias del Ministerio de Hacienda o de la Corte de Cuentas de la República.
En los casos de administración fraudulenta, desde el inicio de la investigación y durante la instrucción, las partes interesadas asumirán el costo económico para la realización de las pericias que sean necesarias para acreditar o desvirtuar los hechos. Una vez aportados los dictámenes periciales, si estos discrepan en puntos fundamentales, si es necesario aclararlos o evaluar las conclusiones, el juez a solicitud de la Fiscalía General de la República o del imputado, deberá nombrar el perito permanente o accidental propuesto para tal fin."