La denuncia fue interpuesta por Ruth López, jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal, y Jonathan Sisco, técnico jurídico de esa fundación.
Los funcionarios de Bukele denunciados por la organización no gubernamental son Peter Dumas, jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE); Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad; y René Merino Monroy, ministro de la Defensa.
Cristosal argumentó que “todo apunta a que existe participación estatal o de actores estatales en la contratación de servicios de espionaje de la firma israelí NSO Group por el alto monto de la operación y por la política” de esa empresa.
Se le pide investigar el origen de fondos con los que presun-tamente se pudo haber comprado este software que realiza actividades ilegales”. Ruth López, jefa de anticorrupción de Asociación Critosal
La firma NSO Group desarrolla tecnología exclusivamente para agencias estatales y que puede obtener únicamente el Estado, a través del OIE, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Seguridad.
Posible usos de fondos públicos.
López indicó que han solicitado a la CCR que se investigue al mandatario y los tres funcionarios mencionados por supuestamente adquirir un software para realizar actividades ilegales.
Citó que la Constitución de la República establece en el artículo 24 que no pueden intervenir las comunicaciones telefónicas, si no se tiene una intervención judicial.
Si hay actos ilegales financiados con fondos públicos, los funcionarios deben responder ante la justicia. Las intervenciones no lo podemos permitir”. Jonathan Sisco, técnico juridico de Asociación Cristosal
“Cualquier adquisición de un software que implique actividades ilegales, lo que significa es que los fondos públicos están siendo utilizados de manera irregular”, afirmó López.
El 12 de enero de 2022, se conocieron los resultados de una investigación conjunta del laboratorio CitizenLab de la Universidad de Toronto y la organización Access Now.
Esta investigación reveló que 35 periodistas y miembros de la sociedad civil de El Salvador fueron objeto de espionaje con el software Pegasus.
El Gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group”. Sofía Medina, secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, enero de 2022.
Gobierno se ha desvinculado.
En enero pasado, el Gobierno de El Salvador aseguró, a través de la Secretaría de Comunicaciones, Sofía Medina, que “no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group”.Piden auditar fondos OIE.
Cristosal pidió un examen especial sobre el uso de los fondos públicos del OIE, del Ministerio de Seguridad, de la Presidencia y del Ministerio de Defensa. Tenían, dijo, “responsabilidades de dirigir las agencias estatales de inteligencia y cumplimiento de la ley, por ser quienes pudieron estar involucrados en la adquisición de servicios de inteligencia prestados por NSO Group”.El hallazgo sobre el espionaje
El espionaje a periodistas en El Salvador ha sido denunciado desde el 24 de noviembre de 2021.1.- Notificación de Apple
La empresa Apple notificó a periodistas y activistas de derechos humanos sobre la posibilidad de estar siendo objeto de esionaje estatal.
2.- Solo para gobiernos
La empresa NSO ha manifestado que solo vende el software Pegasus a organismos de inteligencia de Gobiernos para combatir el terrorismo.
3.- Abogados ven delitos
Abogados han señalado que se estaría violando derechos a la intimidad personal y captando las comunicaciones ilegalmente.
4.- Llamado de atención
Guillermo Gallegos, de Gana, ha defendido al Gobierno de los señalamientos y dice que oposición solo quiere llamar la atención.
5.- Investigación
Citizen Lab y Acces Now realizaron una investigación que determinó la posibilidad de espionaje del Estado a periodistas y activistas de derechos.
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Personas
Entre periodistas y activistas de la sociedad civil han sido notificados sobre posible espionaje.
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