La Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió a la Asamblea Legislativa que la exigencia del protocolo digital se implemente como obligatorio a partir del 1 de febrero del año 2026, y ya no a partir del 15 de noviembre de 2024.

En su solicitud, la CSJ argumentó que "ha identificado que es necesario ampliar este plazo para completar la infraestructura tecnológica y material" para cumplir con el decreto.

Según la Corte debe hacer una "inversión presupuestaria" en compra de equipos de oficina, informático y tecnológico, bienes necesarios para ejecutar el proyecto y realizar capacitación técnica "para asegurar que los notarios y servidores públicos involucrados cumplan con las nuevas disposiciones".

La reforma se realizará al decreto legislativo 555 del 8 de noviembre de 2022 que contiene las reformas a la Ley de Notariado. La petición, firmada por el presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía, pasó a estudio de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa.

La reforma aprobada en noviembre de 2022 la Asamblea reformó la Ley de Notariado para la implementación de un sistema de protocolo digital y el uso de la firma electrónica en las labores de resguardo y conservación de los libros de protocolo notarial.

Esta reforma fue aprobada el 8 de noviembre de 2022 y publicada el 7 de mayo de 2024 en el Diario Oficial. Estableció la obligación del notario de entregar a la Sección de Notariado copia de documento electrónico con firma electrónica certificada de toda acta notarial que autorice.