El proyecto de Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías, que será estudiado por la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa en los próximos días, ofrece: exención total del Impuesto sobre la Renta (ISR) respecto de las actividades incentivadas, exención de retenciones del ISR, exención total de impuestos municipales sobre el activo neto declarado, exención del pago de la ganancia de capital y exención total del pago de los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) a bienes de la actividad beneficiada.
Sin embargo, quedan excluidos de los beneficios: las inversiones antes de la vigencia de la ley o las relacionadas a operaciones ya establecidas o las derivadas de fusiones o reestructuraciones y las personas o empresas beneficiados con otros regímenes tributarios especiales como zonas francas industriales y de comercialización, y parques o centros de servicios internacionales.
Los beneficiarios serán personas o empresas, nacionales o extranjeras, que hagan nuevas inversiones en innovación o manufacturas tecnológicas como estas:
1. Programación, gestión, mantenimiento, consultoría y análisis de sistemas informáticos o softwares.
2. Desarrollo y comercialización de servicios de computación en la nube y de flujo de datos, inteligencia artificial, análisis masivo de datos, tecnología de registro distribuido, soluciones de ciberseguridad.
3. Tecnologías basadas en la fabricación de piezas, materiales y equipos o instalaciones, ensamblaje (plantas de manufactura para equipos tecnológicos o hardware, semiconductores, tecnología de las comunicaciones, robótica, nanotecnología, aeronaves y vehículos no tripulados).
4. Ingeniería y tecnologías de sistemas necesarias para integrar tecnologías industriales básicas a cadenas productivas globales.
Los beneficiarios requerirán un Acuerdo de Calificación emitido por el Ministerio de Economía, cuya obtención la definirá un reglamento. Deberán llevar registros contables separados para demostrar y comprobar fehacientemente el monto de las rentas sometidas a los incentivos fiscales.
El Ministerio de Economía les podrá imponer sanciones si aplican a incentivos en actividades no relacionadas, si dan uso diferente a los bienes declarados o si suministran información falsa; las sanciones oscilan entre 2 a 20 salarios mínimos del sector comercio y servicios, hasta $7,300.
La ley supone la existencia de una Autoridad que regulará su aplicación, emitirá acuerdos de calificación, realizará inspecciones, fomentará la agilidad en las cadenas de suministro, y creará un Registro Nacional de Empresas de Industrias de Innovación y Manufactura Tecnológicas. También, permite acuerdos bilaterales con otros países y con empresas multinacionales para “realizar inversiones conjuntas en investigación y desarrollo industrial” en innovación y manufactura de tecnología.