Legisladores de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos consultan, desde el 20 de septiembre de 2020, qué debe incluir el articulado de una ley de justicia transicional. Por ahora, les han sugerido evitar una amnistía para criminales de guerra, garantizar el acceso a la verdad y reparación económica a las víctimas de los delitos.
Para la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, la reparación económica de las víctimas corresponde a los autores materiales e intelectuales de los crímenes, pero aclara que también es responsabilidad del Estado “reparar proyectos de vida a través de desarrollo y mantener viva la memoria histórica”.
Es algo que no podemos decir nosotros. Los diputados se tomaron atribuciones que no les correspondían en la ley anterior”. Rebeca Santos, diputada de Nuevas Ideas
La diputada Rebeca Santos, de Nuevas Ideas, anunció que buscarán que las reparaciones a las víctimas del conflicto sean colectivas, individuales o con subsidios e indemnizaciones, pero dijo que antes consultarán con el Ministerio de Hacienda.
“Es algo que no podemos decir nosotros... Los diputados se tomaron atribuciones que no les correspondían en la ley anterior que vetó el presidente (Nayib) Bukele, que andaban llamando y corriendo: ¿cuántos millones crees que se van en esto?, andaban haciendo llamadas (...), eso no va a suceder acá”, dijo.
Es cierto que no solo el Estado es el responsable, no solo la indemnización por el daño, también es la reparación integral”. Claudia Ortiz, diputada de Vamos
Sin embargo, uno de los diputados aliados del oficialismo, Romeo Auerbach (Gana), sostuvo que el Estado no puede “cargar” con todas las medidas de reparación. “Me gusta escuchar que coinciden que aquí no le vamos a cargar al Estado eso de resarcir daños, no todo es dinero, eso es cierto, pero no nos demos paja: el dinero es el dinero (...), hay victimarios que pueden responder civilmente por los daños o perjuicios”, afirmó el pasado 7 de febrero.
Al Estado
Las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta, del FMLN, atribuyen la obligación al Estado, debido a que la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la extinta Guardia Nacional (GN) están entre las más señaladas de violaciones a derechos humanos durante la época bélica.Puede existir una responsabilidad individual, pero no puede quedarse de lado la responsabilidad principal del Estado”. Dina Argueta, diputada del FMLN
El diputado Ricardo Godoy, de Arena, también cree que el Estado debe responder en las medidas de reparación a las víctimas, pero sugiere tomar en cuenta criterios de justicia transicional.