La diputada suplente del partido Vamos, Cesia Rivas, manifestó su rechazo a la Ley de Alianzas Público Privadas, cuyo proyecto está bajo estudio de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, y cuestionó quiénes serán los privados que se encargarán de prestar los servicios de salud, educación o recursos hídricos en el país.
«Estamos entregando a manos de privados lo poco que le queda al Estado. ¿Acaso la ciudadanía se está beneficiando de los ejemplos que tenemos, de estos asocios público privado, como la AFP (Administradoras de Fondos para Pensiones), por ejemplo?», dijo, al ser consultada por Diario El Mundo.
«Al final, es la gente la que sigue pagando las malas decisiones de los gobernantes. Y, ante un gobierno que no rinde cuentas, que no es transparente y adecua la ley para beneficiar a familiares y amigos, nos preguntamos, ¿quiénes serán estos privados?», cuestionó.
Rivas aseguró que, además de adecuar la ley para «quitarse controles», el gobierno ha reservado información pública, lo que considera «muy grave». «En nada abona a lo que la gente merece, que es una buena administración pública», agregó.
Una iniciativa de «Ley de alianzas público privadas» que derogaría la actual «Ley especial de asocios público privados» elimina la exclusión de asocios público privados (APP) en la prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos; y mantiene la prohibición de realizar alianzas público privados para la seguridad nacional, inteligencia del Estado, servicios de seguridad pública y justicia, en contratos regidos por leyes especiales o en concesiones para explotar hidrocarburos y minerales.
Concretamente, eliminaría las exclusiones en el artículo 3: «prestación pública de los servicios de salud, incluso los prestados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social» (ISSS), «la prestación de servicios de educación pública, tal como se definen en la Ley General de Educación», «la Universidad de El Salvador» –la única estatal–, «los recursos hídricos, excepto el diseño, construcción, reparación, mejoramiento, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de San Salvador, San Miguel y Santa Ana».
El proyecto fue enviado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, como encargada del despacho del Ministerio de Economía.
El proyecto es analizado este martes por la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, presidida por la diputada Dania González, de Nuevas Ideas, quien sostuvo que «la participación privada no sustituye esta obligación» del Gobierno de dar asistencia gratuita de salud a la población y subrayó que la Constitución, que establece la salud como un bien público, prevalece sobre las leyes secundarias.
La propuesta, que inaplicaría la Ley de Compras Públicas en los procesos de licitación de obras o servicios bajo la modalidad de alianzas público-privadas, establecería tres modalidades de contratos: para la provisión de infraestructura pública, para la provisión de servicios públicos, y para la provisión de infraestructura y servicios públicos.
El proyecto plantea la creación de una nueva Dirección Nacional de Alianzas Público Privadas (DAPP) que estará dentro del Ministerio de Hacienda.
La DAPP podrá declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada y aprobar la «admisibilidad de las iniciativas presentadas por las entidades contratantes», y la entidad contratante elaborará las bases de licitación, una Comisión de Evaluación de Ofertas –integrada por la entidad contratante y la DAPP– evaluará las propuestas y la entidad contratante aprobará o rechazará su recomendación.
