La Asamblea Legislativa aprobaría este martes la 25ª prórroga del régimen de excepción, medida implementada desde el 27 de marzo de 2022 y que, hasta hace un mes, registraba 78,175 personas capturadas señaladas de ser pandilleros.
La actual prórroga finaliza este miércoles 10 de abril de 2024. Los diputados de Nuevas Ideas y sus partidos aliados han insistido en que seguirán prolongando el régimen de excepción hasta que sea necesario y capturen el último pandillero.
Con el régimen de excepción, se mantienen suspendidas las garantías constitucionales de la población en general establecidas en los artículos 12, inciso 2º; 13, inciso 2º y artículo 24 de la Constitución de la República. Las garantías suspendidas permiten al Estado intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, prolongar la detención sin audiencia de 72 horas a 15 días y no informar sobre las razones de capturas o restringir el derecho de defensa del detenido.
El 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa también reformó el Código Penal para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas; y prolongó el periodo en el cual todos los capturados en el régimen de excepción pueden ser condenados. Luego, el 26 de marzo de 2023, la Asamblea aprobó reformas a la Ley contra el Crimen Organizado para que los cabecillas de pandillas puedan ser condenados a un máximo de 60 años de prisión y ya no a 45 años.
En esas reformas, los diputados aprobaron un decreto transitorio que permite juzgar a los capturados en el régimen en grupos. Hasta ahora, han sido condenados 1,065 menores de edad capturados bajo régimen de excepción.
La organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas supuestamente durante el régimen de excepción, entre capturas arbitrarias, torturas y otras agresiones. Amnistía Internacional sostiene que durante el régimen de excepción ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo la custodia del Estado, tratos crueles e inhumanos, hacinamiento carcelario y criminalización de las personas que viven en la pobreza y sus efectos colaterales como gasto de la familia ante el encarcelamiento de la persona proveedora.
