Más de 9 de meses han pasado desde los reclamos de colectivos de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGBTIQ+) luego de que diputadas de la Comisión de Mujer del Órgano Legislativo archivaran la propuesta de ley que busca que se discuta el cambio de nombre, sexo y género de las personas trans.
Este miércoles, Diario El Mundo preguntó a diputados de Gana, Arena, FMLN y Vamos sobre las posibilidades de que se apruebe el nuevo proyecto de Ley de Identidad de Género, presentado por las organizaciones en agosto.
El diputado Guillermo Gallegos señaló que su fracción todavía no discute si habrá apoyo a la propuesta.
“Habrá que ver esa ley, personalmente yo no estoy como muy convencido de una ley de estas, pero vamos a tomar la decisión en su momento. La Constitución establece que es hombre o mujer, pero sí sería importante escuchar a la comunidad LGBT por su opinión, pero de momento no sabemos cuál es la decisión de Gana”, afirmó.
Es de esperar que llegue al seno de la comisión, que se estudie y habría que ver cuál es la sugerencia”. Mauricio Linares, diputado de Arena
El diputado Mauricio Linares, del grupo parlamentario de Arena, indicó que “es de esperar que llegue al seno de la comisión, que se estudie y habría que ver cuál es la sugerencia”.
La diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), consideró que hay falta de voluntad política para abordar el articulado de la ley.
“Si se hubiera tenido la voluntad de garantizar de manera irrestricta los derechos de la población, incluida la población LGTBIQ+, específicamente las personas trans que son quienes más se ven discriminadas por su identidad,”, dijo Belloso.
Las personas trans son quienes más se ven discriminadas por su identidad, no hay voluntad política de legislar una ley de identidad de género”. Anabel Belloso, diputada del FMLN
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, indicó que los derechos de un colectivo no deben depender de la decisión de una Sala de lo Constitucional cuestionada por el 1 de mayo.
Los magistrados de la Sala, nombrada 1 de mayo en una elección cuestionada, ordenaron a la Asamblea Legislativa reformar la Ley del Nombre para que las personas trans puedan cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género, una lucha histórica de la comunidad LGBTIQ+.