Ambos senadores demócratas, Ben Cardin por Maryland y Tim Kaine por Virginia, manifestaron en febrero pasado su preocupación por el debilitamiento del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos en El Salvador, aunque ambos han reconocido la disminución de los homicidios. En esa ocasión, también exhortaron al regreso al "orden constitucional" en El Salvador.
En una declaración conjunta, pidieron que se otorgue "a los detenidos acceso a familiares y asesoramiento legal" y que dé "apoyo para la reintegración de aquellos salvadoreños inocentes injustamente arrastrados por esta represión”, al referirse a la aplicación del régimen de excepción.
Según ambos funcionarios, el régimen de excepción crea una "narrativa falsa" de que la "seguridad debe lograrse a expensas de la democracia y los derechos humanos básicos"
Los congresistas criticaron que "las familias se ven privadas de comunicación con sus seres queridos" y que "cientos de salvadoreños han muerto bajo custodia estatal y muchos más han sufrido torturas o han sido desaparecidos". “Durante 32 meses, decenas de miles de salvadoreños han sido arrestados arbitrariamente sin el debido proceso: presuntos culpables, hacinados en cárceles superpobladas y sin conocimiento de los cargos en su contra", aseguraron.
Los demócratas reconocen que la medida ha disminuido la cantidad de homicidios en El Salvador, pero advierten que "cambiar la violencia de las pandillas por violencia ejercida por el Estado no es una solución para una seguridad duradera".
Este lunes, un grupo de madres de personas detenidas en el régimen de excepción hicieron un plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR) para pedir a sus abogados defensores que les entreguen autorizaciones a solicitar ellas los antecedentes penales de sus hijos ante la Dirección General de Centros Penales, para presentarlos ante los jueces como prueba de que no han tenido procesos penales y que son presentadas junto a los "arraigos".
La más reciente prórroga del régimen de excepción en El Salvador, el 5 de noviembre, ha permitido las capturas de 83,100 personas señaladas de ser pandilleros, desde el 27 de marzo de 2022. La medida fue implementada para capturar a los miembros de las pandiilas; sin embargo, organizaciones no gubernamentales han registrado más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos, entre las que cuentan capturas arbitrarias, torturas y muertes dentro de los centros penales.