Las vías legales se implementarán “con socios regionales, incluidos los gobiernos de México, Canadá, España y Guatemala” y “no suplantan la necesidad de una acción del Congreso”, tanto una reforma como financiamiento del plan presentado por el gobierno estadounidense, anunció EE.UU.
Entre las medidas mencionaron “nuevos procesos de parole –libertad condicional– para la reunificación familiar”, que beneficiaría a personas con peticiones basadas en vínculos familiares para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia.
Según el comunicado del Departamento de Estado de EE.UU., estos procesos permitirán, una vez finalizados, que “las personas examinadas con peticiones basadas en la familia ya aprobadas” “obtengan la libertad condicional en los Estados Unidos”, les entregarían una autorización para viajar y “serían elegibles para solicitar una autorización de trabajo”.
El experto migratorio Reynaldo Alvergue explicó, en un primer análisis del anuncio, que se trataría de una extensión o el permiso para que los familiares solicitados y que tengan la petición ya aprobada puedan trabajar legalmente en los Estados Unidos. Explicó que actualmente estos no tienen autorización de trabajo aunque la petición ya esté aprobada.
Sin embargo, Estados Unidos también anunció que aumentará las deportaciones de quienes no tienen un base legal para quedarse en los Estados Unidos. “El número de vuelos semanales se duplicará o triplicará para algunos países”, indica el comunicado.
Además, el Departamento de Estado de EEUU recordó que expulsará “de manera expedita a las personas que llegan a la frontera suroeste y no tienen base legal para quedarse”, para lo cual el DHS aumentará su capacidad de retención con líneas telefónicas para realizar entrevistas de temor creíble (CFI).
EE.UU. recordó que el Título 42, instrumento jurídico que permite la expulsión inmediata de los migrantes por razones de covid-19, llegará a su fin el 11 de mayo a las 11:59 p.m., pero que ello no implica que la frontera se abra.
Las autoridades migratorias usarán el Título 8 “para procesar y expulsar rápidamente a las personas que llegan ilegalmente a la frontera de los Estados Unidos” con duras consecuencias para los migrantes, como la prohibición de reingreso por al menos 5 años y posible proceso penal por reincidencia.
El Departamento de Estado recordó que el migrante que cruce Estados Unidos por su frontera sur sin autorización “no es elegible para asilo bajo una nueva regulación propuesta”.