“OFAC está designando a Castro Ramírez y Castro de conformidad con E.O. 13818 por ser personas extranjeras que sean funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúen en nombre o representación de dicho funcionario, que sean responsables o cómplices, o hayan participado directa o indirectamente en actos de corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado , la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno”, señala la OFAC en un comunicado difundido la mañana del viernes.
“Conan Tonathiu Castro Ramírez, durante su mandato como Secretario Legal Presidencial, obstruyó las investigaciones sobre la apropiación indebida de fondos públicos durante la respuesta del gobierno a la pandemia y usó su cargo para obtener ganancias financieras personales”, señala la OFAC.
Sobre el ministro del Trabajo, la OFAC dice que “Oscar Rolando Castro incurrió en actos de corrupción y malversación de fondos públicos para su beneficio personal”.
“Como Ministro, Rolando Castro usó su cargo para influir en los sindicatos para que se alinearan con los intereses políticos del Ministerio del Trabajo y participaran en actividades que lo beneficiaran a él y a sus aliados políticos a fin de recibir un procesamiento acelerado de sus credenciales. Algunos de los que aceptaron recibieron beneficios adicionales, como acceso favorecido para viajes internacionales, mientras que algunos de los que se negaron a alinearse con Castro enfrentaron hostigamiento, represalias y demoras en la certificación sindical”, señala la OFAC.
Los dos funcionarios habían sido incluidos por el Departamento de Estado norteamericano en la llamada “Lista Engel”, en julio del año pasado, junto a otros 12 políticos, funcionarios y exfuncionarios salvadoreños por haber cometido actos de corrupción, obstruir investigaciones y dañar las instituciones democráticas.
Las sanciones son en base de la Ley Global Magnitsky, una legislación que permite al presidente de Estados Unidos imponer sanciones a cualquier extranjero que se compruebe que ha cometido abusos de derechos humanos y otras violaciones. La ley fue aprobada en 2012 y en un principio se aplicó a funcionarios rusos y otras personas implicadas en la muerte bajo custodia del abogado ruso Serguéi Magnitsky, en noviembre de 2009. Magnitsky había denunciado la corrupción en Rusia y estuvo detenido por más de un año en una prisión, donde finalmente falleció a consecuencia de varias dolencias tras recibir una atención médica deficiente y golpizas.
Desde abril de 2016 la ley se aplica globalmente y autoriza al gobierno de Estados Unidos a sancionar a los infractores de los derechos humanos y corrupción, congelar sus activos extranjeros y prohibirles entrar al país.
Otros 40 sancionados de nueve países
Junto a los dos funcionarios salvadoreños, fueron sancionados más de 40 funcionarios de nueve países, incluyendo tres guatemaltecos.
“En reconocimiento del Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos, está sancionando a una diversa gama de más de 40 personas y entidades que están conectadas con la corrupción o el abuso de los derechos humanos en todo el mundo en nueve países” informó la OFAC.
“Los actores corruptos y los violadores de los derechos humanos dependen de las deficiencias del sistema financiero internacional para perpetrar sus actividades”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
“Durante el año pasado, el Departamento del Tesoro ha hecho de la lucha contra la corrupción y los abusos graves contra los derechos humanos una prioridad máxima, incluso mediante el uso de sanciones financieras y abordando las vulnerabilidades en los sistemas financieros estadounidenses e internacionales. Al exponer el comportamiento atroz de estos actores, podemos ayudar a interrumpir sus actividades, desmantelar sus redes y privarlos de recursos”, agregó Nelson.