Estados Unidos ha externado este domingo su preocupación ante las reformas de ley que castigan hasta 15 años de cárcel la transmisión o reproducción de “mensajes o comunicados” presuntamente de pandillas por medios de comunicación radial, televisivos, escritos o digitales.

El martes 5 de abril, el Congreso de mayoría oficialista aprobó, a petición del ejecutivo de Nayib Bukele, las reformas con dispensa de trámite, es decir sin análisis y discusión del tema en la respectiva comisión legislativa.

Estados Unidos expresó que los cambios en la normativa criminalizan el informar sobre ciertas actividades de pandillas.

La ley se presta a los intentos de censurar a los medios, impedir que se informe sobre corrupción y otros asuntos de interés público y silenciar a los críticos del gobierno”.

comunicado del departamento de Estado de EEUU


Además exhorta a procurar por la libertad de los periodistas para hacer su trabajo sin temor a amenazas, violencia o detenciones injustas y arbitrarias.

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El gobierno estadounidense expresó también estar preocupado a la vez por el súbito incremento de la violencia homicida atribuida a las pandillas MS-13 y Barrio 18 registrada entre el viernes 25 y el domingo 27 de marzo, que se saldó con 87 víctimas.

Las pandillas representan una amenaza para la seguridad nacional de El Salvador y los Estados Unidos. Instamos a El Salvador a abordar esta amenaza y al mismo tiempo proteger las libertades civiles vitales, incluida la libertad de prensa, el debido proceso y la libertad de expresión”.

Añade el departamento.


También, urge a las autoridades salvadoreñas a extraditar a los cabecillas de estos grupos hacia los EEUU para que enfrenten la justicia.

A través de Twitter, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, instó hoy domingo al gobierno salvadoreño a respetar el debido proceso y defender libertades civiles como la libertad de prensa, reunión pacífica y expresión.

Lo anterior en el marco de un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo que ha suspendido por 30 días los derechos a la libertad de asociación, derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones.

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