Las sanciones estadounidenses contra personas de Centroamérica, como la publicación de la Lista Engel, no implican necesariamente una medida de castigo o alejamiento del gobierno de los Estados Unidos a los gobiernos de la región, sino una medida de presión.

Para el director de asuntos centroamericanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Patrick Ventrell, el gobierno norteamericano pretende seguir colaborando con el gobierno de El Salvador pero siendo claros en que siguen teniendo preocupaciones sobre los actos de corrupción y la salud democrática en el país.

“Queremos seguir mirando dónde podemos colaborar con el gobierno de El Salvador, obviamente tenemos varias preocupaciones con organizaciones e incluso con ciertos individuos, hemos sido bien claros en la preocupación que tenemos en términos de no solo actos de corrupción sino en bienestar y salud de la democracia en El Salvador”, indicó el miércoles en declaraciones a periodistas en Washington.

El funcionario estadounidense aseguró que están buscando trabajar en intereses mutuos con todos los países de Centroamérica, lo cual no aplica para Nicaragua, en donde considera ya existe una dictadura total y las posibilidades de cooperación “son mínimas”.

Todos los países siempre estamos buscando poder trabajar en temas mutuos... El único que no podría decir eso es Nicaragua, donde ya en Nicaragua hay una dictadura total y las posibilidades de cooperación práctica son mínimas, así que en este caso hay un poco, pero con todos los países de Centroamérica sí seguimos buscando trabajar en intereses mutuos”.


Sin embargo, advirtió que cuando hay preocupaciones de Estados Unidos “de algo tan fundamental” como las instituciones, la democracia y los actos de corrupción, lo hacen “haciendo un fuerte llamado” para frenar dichos actos.

La relación entre Estados Unidos y El Salvador se complicó desde mayo y septiembre de 2021 a raíz de la sustitución de la Sala de lo Constitucional y la posterior habilitación de la reelección presidencial inmediata.

El gobierno de EE.UU. envió a la exembajadora Jean Manes para intentar establecer un puente con el gobierno de El Salvador, pero en noviembre de 2021 anunció su retiro argumentando falta de interés del gobierno salvadoreño por mejorar la relación. Explicó que la respuesta del gobierno fue “atacar a los Estados Unidos todos los días” con una “máquina de medios pagados por el Gobierno”.

Estados Unidos no ha nombrado embajador de El Salvador desde el 20 de enero de 2021 cuando Ronald Johnson dejó su cargo luego de la toma de posesión de Joe Biden.


Presión por el cambio de comportamientos

Ventrell cree que la Lista Engel no es “exactamente” una acción para “castigar” sino para “intentar prevenir o parar corrupción” pero también advierte que, si no hay cambios, confía en que los mencionados podrían enfrentar otras sanciones permanentes a través de otros listados.

Las declaraciones fueron realizadas en una conferencia de prensa telefónica en Washington a las que tuvo acceso hoy Diario El Mundo.

Si las personas quieren otra reacción de los EE.UU., tendrían que cambiar su comportamiento. Y, si no es así, yo tengo bastante confianza que, si solamente están en una lista de este tipo, podrían estar en otras (con) sanciones permanentes”.

Si hay gente dentro de los gobiernos o sector privado en estos países que están mirando entrevista hoy, el mensaje es claro: que no participen en eso porque no pueden ser socios de Estados Unidos en el corto, mediano o largo plazo”.

Patrick Ventrel, director para asuntos centroamericanos del Departamento de Estado de EE.UU.


La tercera edición de la Lista Engel fue publicada el 20 de julio con los nombres de tres funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele, como el asesor jurídico Javier Argueta, su secretario de Prensa Ernesto Sanabria y el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, así como el alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, el exministro de Seguridad René Figueroa y su esposa.

Diputados de Nuevas Ideas han restado valor a la Lista Engel, tildándola de capricho de algunas personas en Washington, vinculándola a la aprobación del régimen de excepción y han advertido que no se detendrán en su proyecto.