El informe mencionó “condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales”, detenciones arbitrarias, injerencias arbitrarias a la privacidad, restricción a la libertad de expresión y de medios de comunicación, y corrupción gubernamental.
Señaló que, en noviembre, la Fiscalía anunció que investigaba 90 muertes en prisión.
Según el estudio, emitido por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, bandas locales y transnacionales, incluso traficantes de drogas, son perpetradores de crímenes, extorsiones, secuestros, tráfico de personas, intimidaciones y otros actos contra autoridades, empresarios, periodistas, mujeres y personas vulnerables.
El secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken, señaló en la presentación del reporte mundial de derechos humanos, que el objetivo del informe “no es sermonear o avergonzar” sino “proporcionar un recurso” para las personas que defienden la “dignidad humana cuando está amenazada”. Blinken admitió que “Estados Unidos enfrenta su propio conjunto de desafíos” en derechos humanos y que tienen la voluntad de “no esconder” las deficiencias “debajo de la alfombra”. “Eso es lo que nos distingue a nosotros y a otras democracias”, afirmó el funcionario.
La versión del gobierno.
Sobre 28 muertes señaladas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y 73 muertes citadas de La Prensa Gráfica, el informe de EE.UU. cita que “funcionarios gubernamentales afirmaron que estaban investigando todas las muertes en prisión para determinar si fueron cometidas por autoridades gubernamentales” pero que “no habían identificado ninguno de esos casos”.De no esconderlas (las deficiencias) debajo de la alfombra o pretender que no existen, eso es lo que nos distingue a nosotros y a otras democracias”. Antony Blinken, secretario de estado de EE.UU. al presentar el reporte mundial de DD.HH.
Torturas.
Veinticuatro denuncias por mala conducta policial, 50 por maltrato físico o acoso policial y 82 denuncias de maltratos, tratos crueles y uso desproporcionado de la fuerza, además de 34 casos de abuso policial con entrevistas a víctimas e informes médicos son citados por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.Ejemplifican el caso de la muerte de una persona el 19 de abril por “hipertensión” pero de quien “no se realizó autopsia” pese a que su cuerpo presentaba lesiones.
En 2021, el reporte sobre El Salvador señaló “homicidios ilegítimos” de presuntos pandilleros, desapariciones forzadas y torturas, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, así como detenciones arbitrarias.
¿Qué otras conclusiones tiene el reporte del Departamento de Estado sobre derechos humanos en El Salvador?
El gobierno siguió negando el acceso a los archivos militares para determinar la responsabilidad de la masacre de El Mozote.
El gobierno brindó la capacitación a unidades militares para disminuir graves abusos a derechos humanos, por ejemplo, al Batallón de Infantería de Marina.
El informe incluye la orden presidencial del racionamiento de alimentos en las cárceles; citan a un preso liberado que cuenta que recibía cuatro onzas de arroz y una tortilla por día. El gobierno publicitó, dice el informe, las condiciones de hacinamiento y falta de alimentación.
En noviembre, la PDDH informó que se le había negado el acceso a las prisiones para verificar las condiciones carcelarias.
Realización de audiencias masivas de prisión preventiva para hasta 300 detenidos al mismo tiempo, una carga de casos de 90 casos diarios por defensor.
Citan que fuentes de noticias locales y grupos de derechos humanos alegan que los arrestos se deben a la pertenencia a las pandillas, basándose únicamente en denuncias anónimas a través de una línea directa del gobierno, por tener tatuajes o por tener un contacto previo con el sistema de justicia.
Citan más de 20 denuncias de policías por ser presionados a dar falso testimonio para incriminar a detenidos y alcanzar una cuota diaria de arrestos, citando al Movimiento de Trabajadores de la Policía.
Juicios sin presencia física de acusados y detenciones por seis meses ordenadas por jueces sin pruebas suficientes de pertenencia a pandillas.
Presos políticos: el informe indica que hay informes de “detenidos políticos” y que solo uno recibió visitas. Reportan las denuncias del exalcalde Ernesto Muyshondt, procesado por retenciones de cuotas y fraude electoral, de haber sido golpeado, amarrado y fotografiado semidesnudo y dormido. El informe también menciona a tres miembros del FMLN detenidos.
Señala interferencia a la privacidad, mencionando la implantación del sistema Pegasus para espiar a 35 periodistas y miembros de organizaciones. Se señala un retroceso en la libertad de expresión y de medios de comunicación.
Señala que más de la tercera parte de denunciantes de la Fundación para la Aplicación del Derecho señalaron que los agentes ingresaron a sus hogares sin una orden judicial.
El informe menciona casos abiertos por el Tribunal de Etica Gubernamental, investigaciones fiscales contra gobiernos anteriores e investigaciones de El Faro sobre supuestas negociaciones del gobierno actual con las pandillas.
También menciona al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien según El Faro firmó un contrato de consultoría a por $45,000 con la Empresa de Transmisión de El Salvador, contrato vigente hasta el 22 de diciembre de 2021.
La situación de el salvador en el reporte 2022 de EEUU sobre derechos humanos
El reporte de El Salvador, elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, menciona violaciones de derechos humanos.1.- Homicidios arbitrarios
Cita que la PDDH reportó 28 investigaciones por muertes de prisioneros y también registra 73 muertes reportadas por La Prensa Gráfica.
2.- Desapariciones
El informe señala que el 16 de mayo, fiscales y policías dijeron a familiares que suspendían investigaciones por prioridad al régimen de excepción.
3.- Condiciones en cárcel y torturas
Condiciones carcelarias “empeoraron” en el régimen, hacinamiento, falta de alimentos y agresiones. En noviembre la PDDH dijo se le negó acceso a prisiones.
4.- Libertades
Señala grave retroceso en la libertad de expresión y de prensa, uso de Pegasus en celulares de periodistas, exilio de periodistas. Gobierno no censuró contenido en línea pero monitoreó.