Pineda dijo a Diario El Mundo que los datos son un estudio actuarial basado en datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
“¿Cuánto hacía falta y cuánto hace falta para pagar las pensiones durante 100 años?”, preguntó el fundador al explicar cómo la reforma que aumentó el 30 % a 119,494 pensionados aumentó el costo del pago de las pensiones en el largo plazo.
Pineda presentó, en la entrevista de Telecorporación Salvadoreña de este lunes, los flujos netos del sistema previsional al 30 de diciembre de 2022 y proyectó las necesidades de pago de pensiones de 100 años, hasta esa fecha. Si bien los ingresos al Sistema de Ahorro Previsional (SAP) son $22,438.7 millones, a los egresos suma $37,085.7 millones del SAP, $1,881.8 de los Certificados de Traspaso (CT), $5,723.7 millones de pago de pensiones en curso y $6,881.8 millones de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que financiaba pensiones mínimas de jubilados a quienes se les acababan sus ahorros.
Esos datos dejarían un saldo rojo neto del SAP de $15,370.6 millones y del Sistema Público de Pensiones (SSP) de $4,449.4 millones: $19,820.07 millones.
Luego de la reforma de 2022, explica que los ingresos del SAP son $21,485.1 millones, los egresos son $38,871.2 millones, el pago de pensiones en curso asciende a $7,452 millones y la CGS sube a $11,400.4 millones, que deja un déficit de $20,589.9 millones.
Este déficit resulta de un saldo negativo de $15,319.5 millones en el SAP y de $5,270.3 millones en el SPP. “Ese déficit total es a 100 años, es delicado porque ya empezó el déficit”, señaló.
Además, agregó que a la deuda previsional de $7,242.2 millones que debía el Estado a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) aumenta a más de $9,261.1 millones porque se emitirían $2,018.9 millones en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) en 2023. “Esta es la bienvenida al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP)”, afirmó, sobre la institución que tendrá la facultad de emitir certificados o deuda para financiar el pago de pensiones u otras obligaciones previsionales del Estado.
Pineda sostiene que el aumento del 30 % a las pensiones de 119,494 jubilados “es insostenible” e “inequitativo”.