El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas se abstuvieron este viernes ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de apoyar una resolución que “condena enérgicamente” el cierre y ocupación forzada por parte del régimen de Daniel Ortega contra las oficinas del ente en la ciudad de Managua.

Al justificar la abstención, Agustín Vásquez, representante de El Salvador señaló a la OEA de ser parcial al momento de exigir la “inviolabilidad de las sedes diplomáticas”, y llamó al organismo a no promover con “ambigüedad ni con doble estándar” la exigencia de las normas de derecho internacional a los Estados miembros.


“En esta oportunidad El Salvador se ha abstenido de apoyar este proyecto de resolución pues en la historia reciente de esta organización, las normas referidas a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas son veladamente transgredidas, ignoradas a favor de unos y en perjuicio de otros. Distorsionando y erocionando la convivencia pacífica que debería existir en la región”, dijo Vásquez durante su intervención.

“Mi gobierno en ninguna circunstancia aceptará una violación flagrante a las normas de derecho internacional, de manera particular a aquellas requeridas al principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas”.

Agustín Vásquez, representante de El Salvador en la OEA


El diplomático dijo que “El Salvador reitera su plena sujeción al respeto y cumplimiento de los principios y normas del derechos internacional”, pero que “exige que todos sin excepción alguna (en la OEA) las respetemos y dependamos sin ningún tipo de sesgo y parcialidad, siendo coherentes en su interpretación y su aplicación”.

Vásquez le recordó al Consejo Permanente de la OEA que el “derecho internacional debe regir perennemente la conducta de los Estados, no debe promoverse con ambigüedad ni con doble estándar, lo cual es fuente de ilegitimidad y falta de credibilidad”.

Violaciones en Nicaragua

En Washington la OEA lamento que en su sede en Nicaragua se haya cometido “la violación de la inviolabilidad de archivos de la institución”.

Según medios estadounidenses la resolución condena lo que los diplomáticos llamaron “entrada ilegal” en las instalaciones de la OEA y la incautación de sus bienes en Managua el domingo 24 de abril, un hecho que el documento considera “una violación de las obligaciones legales del Gobierno de Nicaragua”.

En la resolución propuesta por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá y Colombia, y aprobada con el voto favorable de 29 embajadores, la OEA exige también que se le restituya el uso de los locales incautados por el régimen de Ortega, al que la OEA considera “responsable de todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales al respeto”, citando acuerdos sobre privilegios e inmunidades firmados por Nicaragua en 1960 y 1989, así como la adhesión del país a la Carta de la OEA de 1948.

La resolución reconoce que el gobierno nicaragüense anunció su retirada de la OEA, pero recuerda que debe cumplir con sus deberes hasta que se concrete su ida, el 18 de noviembre de 2023.


El viernes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, saludó el llamado para que Nicaragua devuelva el uso de las instalaciones de la OEA, e informó que las pertenencias que allí se encontraban han sido puestas "transitoriamente" en un depósito.

"Esta violación del derecho es lo que sufren los nicaragüenses día a día", dijo Almagro, quien hace un mes urgió a la comunidad internacional a "aumentar la presión" sobre Nicaragua para poner fin a un "sistema de represión y tortura".