El consorcio Observa Electoral 2024, en el marco de las elecciones de concejos municipales y diputaciones al Parlacen, presentó su informe preelectoral en el que registra 235 casos de posible uso de recursos públicos en campaña electoral de funcionarios candidatos a alcaldes.

“Tenemos 235 casos y dentro de los 10 funcionarios que más posibles casos presentan están el alcalde José Chicas, alcalde de Ilopango y que está aspirando a la alcaldía de San Salvador Este con 19 casos; la candidata Michelle Sol, que es actual ministra de Vivienda; y aspira al cargo de la alcaldía de La Libertad Este; también Rafael Arévalo, que es alcalde de Sonsonate; los tres de Nuevas Ideas”, informó Lourdes Molina, de Observa.

Del top 10 de posible uso de recursos públicos para sus campañas, 9 son de Nuevas Ideas y uno de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que corresponde al alcalde Raul Peña, de Nueva Concepción, en Chalatenango, candidato de Chalatenango Centro.



Mauricio Maravilla, vocero de Observa, aseguró que la propaganda electoral es un derecho prescrito en el artículo 81 de la Constitución de la República y 172 del Código Electoral pero incurre en infracción cuando se hace uso de recursos públicos.

“Observa El Salvador 2024 tiene como ámbito de observación aquella propaganda electoral que incurre en infracción por hacer uso de recursos públicos o porque hay prevalencia del cargo, situaciones prohibidas y sancionadas en la normativa electoral”, detalla el informe.

¿Qué se ha registrado como campaña ilegal?

  • Celebración de eventos con posible uso de recursos públicos. En esta categoría han observado celebración de jaripeos, fiestas patronales, graduaciones, jornadas médicas, bailes. De estos hay 125 reportes.
  • Participación de trabajadores públicos en campaña electoral.
  • Inauguración de obra pública. En esta categoría registran 61 casos documentados, en los que se ha promovido algún candidato o candidatura de partido político.
  • Uso de redes sociales institucionales para campaña electoral.
  • Entrega de beneficios sociales.
  • Uso de vehículos y equipo de instituciones públicas.

Observa Electoral espera que el TSE, Tribunal de Ética Gubernamental y Corte de Cuentas de la República hagan la investigación correspondiente y, si los casos son comprobados, que imponga las sanciones correspondientes “que pueden ir desde una multa hasta una remoción de un funcionario por prevalecerse del cargo”.