Hoy por la tarde el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó la lista Engel En la Lista Engel, figuran “actores corruptos y antidemocráticos” que ordena el artículo 353 de la “Ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte”.

Estas personas pierden inmediatamente su visa a los Estados Unidos y se enfrentan otras medidas financieras que pudieran tomar los Estados Unidos bajo otras leyes.

Son seis salvadoreños, 16 de guatemaltecos, 23 nicaragüenses y 5 de honduras

Guatemala

Dennis Billy Herrera Arita, un abogado quien es señalado de participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” que sirvieron para llenar las Cortes Suprema y de Apelaciones gracias a diputados del parlamento y jueces señalados por corrupción.
Carlos Estuardo Gálvez Barrios, ex Rector de la Universidad de San Carlos (USAC), apuntado en la lista por influir en los miembros de la comisión de nominación judicial en la facilitación del esquema (de la antes mencionada) “Comisiones Paralelas 2020”.

José Rafael Curruchiche Cacul (Rafael Curruchiche), es el actual jefe de la Oficina de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, y aparece en la lista por obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias (falsas) contra la FECI, fiscales, abogados particulares y ex fiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de importantes empresas de transporte y transporte marítimo que operan en los puertos gubernamentales EMPORNAC (Atlántico) y EPQ (Pacífico), quién según la lista involucró en corrupción al confabularse indebidamente con funcionarios públicos y pagar sobornos para garantizar que sus empresas obtuvieran contratos lucrativos puertos.

Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro), acusado de pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno, algunos quedaron inconclusos.

Ramón “Moncho” Campollo Codina, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, es acusado de sobornar a funcionarios públicos para obtener proyectos estatales.

Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal, obstruyó los enjuiciamientos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020”.

Sofía Janeth Hernández Herrera, la actual representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), acusada de solicitar sobornos y amenazó con convertir en arma los propósitos legítimos del Congreso de Guatemala para beneficio personal.

Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala, es señalado de sobornar a funcionarios públicos.

Mayra Alejandra Carrillo de León (Alejandra Carrillo), actual Directora del Instituto de Víctimas, también señalada por el caso de las “Comisiones Paralelas 2020”.

Erick Gustavo Santiago de León, ex juez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil, está en la lista por supuesta corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables en los casos ante él.

Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también señalado por el caso “Comisiones Paralelas 2020.

Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia, también en la lista por las “Comisiones Paralelas 2020”.

Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos S.A. (Aspetro), señalado de pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno.

Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal, entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar los procesos judiciales.

José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020, solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas, y facilitó la transferencia de ganancias de corrupción, según el listado.

Honduras

Harvis Edulfo Herrera Carballo, Gerente General del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, ayudó a la apropiación indebida de más de $500,000 del Bono 10 Mil, un proyecto presidencial destinado a reducir la pobreza rural.

Elmer Jeovanny Ordóñez Espinal, Supervisor de Controles Internos del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, también acusado por el caso del Bono 10 Mil.

Rasel Antonio Tomé Flores, Vicepresidente del Congreso, usó su cargo como Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327,000 de fondos públicos.

Claudia Yamilia Noriega González, Coordinadora de Proyectos del Programa “Tarjeta Catracha” de 2010 a 2014, cuestionada por el caso del Bono 10 Mil.

David Eduardo Ortiz Handal (Hawit), Gerente de Finanzas del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, uno más cuestionado por el caso del Bono 10 Mil.

Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Gerente de Finanzas del Palacio Presidencial de 2010 a 2014, señalado por el caso del Bono 10 mil.

Enrique Alberto Flores Lanza, Ministro de la Presidencia de 2006 a 2009, recibió $2 millones en dinero público del Banco Central de Honduras y lo redistribuyó entre aliados políticos.

Juan Ramón Maradiaga, Gerente General del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario (BANADESA) de 2010 a 2014, participó en el caso del Bono 10 Mil.

Edgardo Antonio Casaña Mejía, actual miembro del Congreso, reestructuró $5 millones estatales en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos y mantener el poder político.

Roberto David Castillo Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Empresa Eléctrica de Honduras (ENEE) de 2006 a 2009, usó su posición en el ENEE para interferir en el proceso de contratación pública y dirigir los contratos a una empresa en la que tenía un interés financiero.

Carlos Josué Romero Puerto, Coordinador de Proyectos del Bono 10 Mil, cuestionado por el Bono 10 Mil.

Carlos Josué Montes Rodríguez, Secretario del Trabajo de 2006 a 2009, aceptó sobornos para otorgar contratos a aliados políticos y para agilizar los pagos.

Gonzalo Molina Solorzano, Jefe de Abastecimiento del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario de 2010 a 2014, caso Bono 10 Mil.

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares, Director de la Policía Nacional de 2012 a 2013, usó su cargo para facilitar el movimiento de cocaína a través de Honduras a cambio de sobornos.

Javier Rodolfo Pastor Vásquez, Ministro de Salud de 2006 a 2009, aceptó $235,000 en sobornos para interferir en los procedimientos de contratación pública para adjudicar contratos a aliados políticos y agilizar los pagos.

Nicaragua

Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, en lista por presentar cargos falsos para encarcelar a los opositores al régimen antes de elecciones.

Erick Ramón Laguna Averruz, un juez, condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos de activista opositor.

Perla de los Ángeles Baca, fiscal jefe del departamento de Chinandega, presentó cargos falsos para encarcelar a los opositores al régimen.

Rosa Velia Baca Cardoza, una jueza, condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos falsos

Carlos Rafael Espinoza Castilla, fiscal, presentó presentar cargos falsos para encarcelar a los opositores.

Irma Oralya Laguna Cruz, jueza, condenó y sentenció a líder opositor.

Luis Alberto Mena Gámez, fiscal de Nueva Segovia, presentó cargos falsos, condenas y sentencias severas contra críticos del gobierno.

Luden Martín Quiroz García, juez, presentó cargos falsos, condenas y sentencias contra activistas y críticos del Gobierno.

Melvin Leopoldo Vargas García, juez, condenó y sentenció con contra una activista.

Ángel Jancarlos Fernández González, juez, cargos falsos contra activistas y críticos del régimen.

Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel, jueza, condena y sentencia con cargos falsos contra líder opositor.

Jorge Luis Arias Jarquín, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, presentar cargos falsos contra líderes del régimen.

William Irving Howard López, un juez, condena y sentencia con cargos falsos a un líder opositor.

Martha Ileana Morales Mendoza, fiscal y directora de Planificación de la sede del Ministerio Público en Managua, condena y sentencia con cargos falsos a un líder opositor.

María Francis Pérez Mojica, fiscal en Nueva Segovia, cargos falsos contra opositores del régimen.

Verónica Fiallos Moncada, jueza, cargos falsos contra opositor del régimen.

Félix Ernesto Salmerón Moreno, juez, cargos falsos contra opositores del régimen.

Rolando Salvador Sanarrusia Munguia, juez, cargos falsos contra opositores del régimen.

Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, cargos falsos contra opositores del régimen.

Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, cargos falsos contra opositores del régimen.

Andrea del Carmen Salas, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, cargos falsos contra opositores del régimen.

Ulisa Yahoska Tapia Silva, jueza, cargos falsos contra opositores del régimen.

Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo, fiscal en Estelí, cargos falsos contra opositores del régimen.